National Development Plans and University
Social Responsibility strategies. A synergistic question?
Lilian Andrea
Ramírez Carranza
Economista.
Universidad Piloto de Colombia Magíster en Estudios Interdisciplinarios Sobre
el Desarrollo. lilian-ramirez@unipiloto.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-7495-2296
José Daniel
Salinas Rincón
Economista. Pontificia
Universidad Javeriana Magíster en Economía. Pontificia Universidad Javeriana Universidad
de Antioquia. daniel.salinas@udea.edu.co
https://orcid.org/0000-0001-7331-1342
José Adolfo
Castañeda Ramírez.
Psicólogo:
Universidad Piloto de Colombia. Máster en Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales. UNAL. Estudiante de doctorado de la Universidad Nacional de
Colombia. Estudiante de doctorado de la
https://orcid.org/0000-0002-6994-3651
https://revistas.uniminuto.edu/index.php/Pers/issue/view/195
23-54
RECIBIDO : ENERO 2 -2020
ACEPTADO: JUNIO 25 – 2020
RESUMEN
Durante las últimas décadas, el modelo de desarrollo
colombiano ha sido primordialmente influido por la teoría económica neoclásica.
Por su
parte la política de educación superior no ha sido
ajena a esta tendencia y durante los últimos años se han implementado acciones
para aumentar cobertura y calidad, aprovechando las fortalezas de las
instituciones privadas y promoviendo la articulación de la oferta académica con
los requerimientos del sector productivo. Estos planes de desarrollo parecen no
lograr su objetivo de disminuir la inequidad, puesto que la desigualdad sigue
siendo preocupantemente alta en el país. Por su parte la responsabilidad social
universitaria (RSU) se ha venido implementando en diferentes universidades a
nivel nacional con el fin principal de generar escenarios de actuación que brinden
una respuesta a los principales problemas existentes en las sociedades
latinoamericanas. ¿Cuál es la relación que existe entre los planes nacionales
de desarrollo y la implementación de la RSU en las universidades colombianas?
Palabras
Clave: Educación Superior, Plan
Nacional de Desarrollo, Política Pública, Responsabilidad Social Universitaria
ABSTRACT
During the last decades, the Colombian development
model has been primarily influenced by neoclassical economic theory. For its
part, higher education policy has not been immune to this trend and in recent
years actions have been implemented to increase coverage and quality, taking
advantage of the strengths of private institutions and promoting the
articulation of the academic offer with the requirements of the sector
productive. These development plans seem not to achieve their objective of reducing
inequality, since inequality continues to be worryingly high in the country.
For its part, university social responsibility (USR) has been implemented in
different universities nationwide with the main purpose of generating action
scenarios that provide a response to the main problems existing in Latin
American societies. What is the relationship between national development plans
and the implementation of USR in Colombian universities?
Key Words: Higher Education, National Development Plan, Public Policy,
University Social Responsibility
1. Introducción
Durante
las últimas décadas, el modelo de desarrollo de la economía colombiana ha sido
diseñado e implementado tomando como referencia principal la corriente
neoclásica de la teoría económica. Esta línea de pensamiento plantea que la
ineficiencia económica se debe al excesivo intervencionismo estatal que impide
la óptima asignación de recursos por parte de los mercados. La influencia de
esta teoría en las decisiones de política económica y en los planes de
desarrollo colombianos, se hizo evidente a partir del proceso de apertura
económica a principios de los años 1990. No obstante, la prevalencia de esta
línea de pensamiento, las particularidades de la política y la economía
colombianas han favorecido la adopción de diferentes enfoques, objetivos y
estrategias de política social y económica, los cuales, en diversas ocasiones,
ha resultado contradictorios, De allí que Kalmanovitz
(2010), señale la aparente ineficiencia de los planes de desarrollo de las
últimas décadas en Colombia. El predominio de la teoría económica neoclásica, ha sido evidente en las políticas de educación
nacional donde las principales preocupaciones han sido: la mejora de la
calidad; mayor cobertura; y mejor gestión de la educación. Sin embargo, el
objetivo es obtener estos resultados sin incrementar considerablemente el gasto
público en educación (Giraldo y De la Cruz, 2016), en términos de la economía
neoclásica: buscar la eficiencia económica del gasto en educación. Como se observa en la Gráfica 1, el gasto
total en educación como porcentaje del gasto total del Estado se ha
incrementado menos de 2 puntos porcentuales durante las últimas dos décadas,
pasando de 13.46% en 2001 a 15.16% en 2017.
Gráfica
1: Gasto en Educación como Porcentaje del Gasto Total del Estado
La
Gráfica 2 muestra el gasto en educación como porcentaje del Producto Interno
Bruto (PIB), se observa un gasto de 4.28% en promedio para el periodo
2001-2017, con una tendencia ligeramente creciente, pasando de 3.7% en 2001 a
4.3% en 2017. Resulta importante mencionar que este nivel de gasto en educación, es bajo, al compararlo con el promedio de los
países de Latinoamérica y el Caribe, o con los países de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 4.5% y 5.1% en promedio respectivamente[1].
Gráfica
2: Gasto en Educación como Porcentaje del PIB
En
este contexto, el sector y las instituciones privadas jugarían un papel
importante como oferentes del servicio educativo esperando un impacto positivo
sobre la calidad la cobertura y la mejor gestión educativa. No obstante, al
parecer estas estrategias y acciones en el sistema educativo colombiano, no han
mostrado la capacidad, de producir una reducción considerable en la desigualdad
económica y regional. Como se esperaría, fuera el efecto de la educación en la
sociedad. Aunque los gobiernos de este siglo,
reconocen el papel de la educación, como mecanismo para reducir las
desigualdades individuales y regionales, en la práctica parecen no lograr su
objetivo de disminuir la inequidad, puesto que la desigualdad sigue siendo
preocupantemente alta en el país. Según las cifras oficiales del DANE, la
desigualdad medida por el coeficiente de Gini, solo
se ha disminuido en 5 puntos porcentuales entre 2002 y 2015.
Gráfica
3: Pobreza y Desigualdad
La
educación superior no ha sido ajena a esta línea de política, durante los
últimos años, se han implementado acciones para aumentar cobertura y calidad.
Lo cual se hace, aprovechando las fortalezas de las instituciones privadas y promoviendo
la articulación de la oferta académica, con los requerimientos del sector
productivo. Esto se ha visto reflejado en una disminución pronunciada del gasto
público, por estudiante de educación superior, como porcentaje del PIB
per-cápita. Dicha reducción fue de cerca del 50% en los últimos 18 años, como
se observa en el gráfico 4.
Gráfica
4: Gasto por Estudiante de Educación Superior como Porcentaje del PIB
per-cápita
Esta
tendencia decreciente en el gasto por alumno de educación superior, puede ser
un factor que contribuya a mantener la desigualdad económica relativamente
alta, puesto que evidentemente se está restringiendo el papel redistributivo
del gasto público.
Por
otra parte, se observa un incremento de la tasa de alumnos por profesor en la
educación superior, evidenciada en la Gráfica 5. Esto es consistente con el
objetivo del aumento de cobertura, puesto que existe un incremento en el número
de estudiantes.
Sin
embargo, parecería que no sucede lo mismo con el número de profesores, donde en
el mejor de los casos, esta cifra estaría sugiriendo un aumento del número de
docentes considerablemente menor al aumento de estudiantes. Esto va en
detrimento de la calidad de la educación y también podría tener consecuencias
para la desigualdad económica.
Gráfica
5: Tasa de Alumno por Profesor en Educación Superior
En
el informe de la comisión del gasto y la inversión pública (2017), se reconoce
la ineficiencia del gasto público general de la nación y se enfatiza su poco
efecto redistributivo en los últimos años. Se resalta la importancia de la
promoción del acceso a la educación superior como un instrumento de política
que facilita la movilidad social.
En
este contexto, la función del gobierno, es la de
proveer financiamiento público. Esto lo logra, utilizando mecanismos dirigidos
a la oferta y la demanda, para lograr los objetivos relacionados con: el
incremento en cobertura; mejoramiento de calidad; y la gestión educativa. Se encuentra, que, a pesar de los aumentos en
cobertura, el acceso a estudiantes de bajos recursos económicos, sigue siendo
limitado. Adicionalmente, los resultados en términos de calidad y gestión, tampoco han sido satisfactorios.
Ante
estos diagnósticos, se proponen realizar ajustes a los aportes a las universidades
públicas, que tienen como objetivos: mayor eficiencia y eficacia; mejorar los
procesos de acreditación de calidad para programas e instituciones; reformar el
programa de Ser Pilo Paga; y estimular la formación técnica y tecnológica;
entre otros.
A
continuación, se realiza una descripción general, de las principales
estrategias y acciones propuestas, en los planes de desarrollo, desde 2002,
hasta la actualidad.
Este
Plan Nacional de Desarrollo propone cuatro objetivos fundamentales: brindar
seguridad democrática, impulsar el crecimiento económico sostenible y la
generación de empleo, construir equidad social, e incrementar la transparencia
y eficiencia del estado. La política de educación en este plan se enmarca en el
objetivo "Construir Equidad Social" donde en dicha construcción de
equidad se plantean tres estrategias fundamentales: Educación, Salud y el
manejo social del campo.
Las
acciones en términos de política educativa son focalizadas en tres programas
relacionados con el incremento de la cobertura, el mejoramiento de la calidad
para todos los niveles de educación, y un programa de mejoramiento de la
eficiencia del sector educativo.
Las
acciones directas relacionadas con la educación superior en materia de
cobertura fueron: la puesta en marcha de un programa de crédito educativo para
la financiación de estudiantes de bajos recursos económicos. En lo específico,
el programa planteado constaba de tres componentes: promoción de la equidad en
el acceso; fortalecimiento del programa de doctorados en el país; y
fortalecimiento y gobernabilidad en el sistema de educación superior.
En
cuanto a la calidad de la educación se plantean una serie de mecanismos que
involucran todos los niveles educativos con el fin de garantizar la coherencia
y articulación en todo el sistema educativo. Entre los mecanismos utilizados
para el mejoramiento de la calidad se encuentran: la definición de estándares
de calidad; evaluación de resultados; formulación de planes de mejoramiento;
aprendizaje de experiencias exitosas; pertinencia; conectividad e informática;
televisión y radio educativas; aseguramiento de la calidad de la educación
superior; e impulso de la investigación en la educación superior.
Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010 - "Estado Comunitario: desarrollo para
todos"
Este
plan de desarrollo se fundamenta en la definición de "Estado
Comunitario" que, según se plantea en su introducción, consta de cinco
principios fundamentales: Seguridad democrática, respeto a las libertades
públicas, construcción de cohesión social transparencia y respecto a la
independencia de instituciones del estado.
Estos
cinco principios se esperan garantizar por medio de seis capítulos que trazan
los planes de acción en cada uno de los componentes fundamentales del
"Estado Comunitario": Política de Defensa y seguridad democrática,
reducción de pobreza y promoción del empleo y la equidad, crecimiento alto y
sostenido, una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo
sostenible, un mejor Estado al servicio de los ciudadanos y otras dimensiones
especiales del desarrollo.
Las
políticas de educación superior se encuentran en el capítulo de "Reducción
de pobreza y promoción del empleo y la equidad". Dentro de las metas y
acciones que se plantean en el componente de "Sistema de formación de
Capital Humano: educación, equidad y capital social", se encuentran: el
aumento de la cobertura de la educación superior por medio del mejoramiento de
la capacidad de gestión de las Instituciones de Educación Superior (IES); el
desarrollo de nuevos programas a nivel regional; inclusión de distintos grupos
poblacionales; desarrollo de ciencia y tecnología y participación del sector
productivo y de educación privada.
Con
el fin de alcanzar las metas trazadas en materia de cobertura de educación
superior se proponen seis programas estrechamente relacionados con dichas
metas: La promoción y fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica, la
desconcentración de la oferta de educación superior, el financiamiento de la
población pobre para el acceso a la educación superior, la transformación del
sistema de financiamiento de la educación superior oficial, la generación de
alianzas entre las instituciones del sistema de educación, y la culminación de
la evaluación de los programas formales del SENA.
Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014 - "Prosperidad para todos. Más empleo,
menos pobreza y más seguridad"
El
plan de desarrollo define ocho ejes fundamentales para alcanzar la prosperidad
social representada en mayor empleo, menores índices de pobreza y más
seguridad. En primer lugar, se definen cuatro ejes transversales: innovación,
buen gobierno, relevancia internacional y sostenibilidad ambiental. Estos deben
estar presentes en todas las acciones del plan para la obtención de sus
objetivos fundamentales.
En
segundo lugar, están los denominados tres "pilares" sobre los que se
fundamenta el camino a la "prosperidad para todos": Crecimiento y
competitividad, Igualdad de oportunidades y consolidación de la paz. Finalmente, el último eje está relacionado
con la convergencia y el desarrollo regional.
Las
políticas de educación superior están contenidas principalmente en dos de los
ejes del plan de desarrollo, el eje de crecimiento sostenible y competitividad
y en el eje de igualdad de oportunidades. Dentro del eje de crecimiento
sostenible y competitividad, en el capítulo de competitividad y crecimiento de
la productividad, se plantean acciones para el mejoramiento de la calidad de la
educación y desarrollo de competencias. El principal objetivo es la reducción
de brechas educativas y de competencias por medio del fortalecimiento del
sistema de evaluación en todos los niveles educativos, fortalecimiento de
competencias para fortalecer el uso y apropiación de las TIC y el bilingüismo,
fomentar la actualización y el fortalecimiento de competencias de los docentes,
Fomento de la formación de capital humano teniendo en cuenta las necesidades
del sector productivo.
En
el eje de igualdad de oportunidades, específicamente en la política integral de
desarrollo y protección social, se proponen la disminución de brechas en los
resultados de calidad educativa en todos los niveles, generar las oportunidades
de acceso y permanencia para cerrar brechas regionales, educación con
pertinencia para la innovación y productividad y fortalecer el modelo de
gestión.
Plan
Nacional de Desarrollo 2014- 2018 - "Todos Por Un Nuevo País"
Este
plan de desarrollo se basa en tres "pilares" fundamentales: Paz, Equidad
y Educación. Se plantean 5 estrategias entorno a los 3 pilares para la
consecución de los objetivos del plan: competitividad e infraestructura
estratégicas, movilidad Social, transformación del campo, seguridad, justicia y
democracia para la construcción de la paz, y buen gobierno. Todas las
estrategias transversales están enmarcadas por una estrategia ambiental de
"crecimiento verde". En este marco el plan promueve políticas
públicas que involucran diferentes dimensiones del desarrollo como la social,
la económica y la ambiental.
Se
plantean dos enfoques en la construcción del plan de desarrollo: Enfoque con
orientación a resultados donde se proponen metas concretas para facilitar
seguimiento y evaluación; y enfoque con orientación territorial donde se hacen
explícitas las estrategias nacionales para cada una de las regiones y
territorios.
La
política educativa hace parte del llamado tercer pilar del plan de desarrollo y
se describe en el capítulo IV. El objetivo principal es "Cerrar las
brechas en acceso y calidad de la educación entre individuos, grupos
poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares
internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los
ciudadanos".
Las
estrategias específicas para la educación superior son:
1.Creación
del sistema de educación terciaria para mejorar la movilidad y pertinencia.
a.
Implementación del Sistema Nacional de Cualificaciones.
b.
Sistema nacional de acumulación y transferencia de créditos.
c.
Subsistema Nacional de educación de maestrías y doctorados.
d.
definir mecanismos de articulación con otros niveles educativos y otros tipos
de formación.
2.
Financiación para el acceso a la educación superior.
a.
Financiación de la oferta de educación superior.
b.
Financiación de la demanda en un contexto de alta calidad y equidad.
3.
Herramientas para promover la calidad de la educación superior y de la
formación para el trabajo y el desarrollo humano.
a.
Excelencia en el sistema de educación superior.
b.
Formación docente de alto nivel.
c.
Diseño e implementación del plan maestro de ampliación de cobertura con
calidad.
d.
Eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad.
e.
Convalidación de títulos
Plan
Nacional de Desarrollo 2018- 2022 - "Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad"
En
términos generales se plantea una estrategia donde a partir del fortalecimiento
de la legalidad y el emprendimiento se alcance mayor equidad en la sociedad
colombiana. En primer lugar, se plantean la ilegalidad y la corrupción como
principales generadores de costos sociales y ambientales, así como de problemas
de acceso y efectividad de la justicia.
En
segundo lugar, se propone el fortalecimiento empresarial como solución al
estancamiento productivo y la informalidad en el mercado laboral. Finalmente,
al garantizar legalidad y una estructura empresarial más sólida, se busca
alcanzar una situación de mayor equidad y bienestar que garantice las mismas
oportunidades para todos con mayores ingresos y mejores condiciones de vida.
El
plan de desarrollo propone tres "pactos" estructurales: legalidad,
emprendimiento y equidad. Estos pactos van acompañados por una amplia serie de
"pactos transversales" cuyo objetivo es dar soporte y fluidez a las
acciones conducentes a mejorar la equidad del país.
La
mayor parte de la política educativa se concentra en el llamado "Pacto por
la equidad", donde una de las principales acciones será proporcionar
acceso a la educación superior a más de 500.000 jóvenes en situación de pobreza
o vulnerabilidad. La línea "Educación de calidad para un futuro con
oportunidades para todos" en su objetivo número 5, "Apuesta para
impulsar una educación superior incluyente y de calidad", propone 8
acciones para el mejoramiento de la educación superior: Fortalecimiento de la
educación pública, financiación de la educación superior, gradualidad en la
gratuidad en el acceso a educación superior para población vulnerable,
reconocimiento de la excelencia académica, cierre de brechas regionales y
urbano-rurales, educación virtual, fortalecimiento del sistema de aseguramiento
de la calidad, y fortalecimiento de capital humano de alto nivel.
La
formulación de la política de educación superior durante el presente siglo ha
sido diseñada y puesta en marcha en gran parte mediante los planes de
desarrollo nacional, donde se han planteado políticas dirigidas a la ampliación
de cobertura, utilizando la ampliación de créditos educativos o fortalecimiento
de doctorados; se han promovido acciones para el mejoramiento de la calidad,
como la mejora en la evaluación de los programas académicos; y se ha fomentado
la formación de capital humano con el objetivo de promover el emprendimiento y
fortalecer el sector productivo. En la práctica, una evaluación general estas
acciones y estrategias diseñadas por los planes de desarrollo parecen no lograr
su objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población, favorecer la
movilidad social y disminuir la inequidad.
Responsabilidad
social universitaria:
La
responsabilidad social universitaria comienza a fortalecerse a finales del
siglo XX, a partir de dos escenarios que llevaron al análisis del papel que, en
su momento, estaban ejerciendo las universidades, con respecto al mejoramiento
conjunto de la sociedad y el desarrollo sostenible.
Por
una parte, la UNESCO elaboró un documento que expresaba algunas tendencias
sobre el camino que debería tomar la educación superior. Por otra parte, la
Conferencia Mundial para la Educación, en la que se mencionó la importancia de
la transformación universitaria; el trabajo por la calidad; la pertinencia en
el quehacer; y la renovación de sus funciones sustantivas.
De
diversas maneras, se estableció que la Universidad de América Latina, no estaba
aportando a la solución de los principales problemas de la región. Por el
contrario, en convertirse, en una organización de elite, que le había dado la
espalda, a los problemas sociales de la región.
Estos
cuestionamientos hicieron referencias específicas a: la ausencia o baja
presencia de sistemas eficientes de salud, nutrición y educación; baja
capacidad en la creación e implementación de nuevas tecnologías y modelos
administrativos que fortalecerán al sector empresarial; manejo irresponsable de
los ecosistemas y la biodiversidad; débiles modelos institucionales que
conducían a patrocinar la corrupción y la ineficacia estatal; y bajo uso del
capital intelectual. Todo esto dejó a la mayoría de universidades
latinoamericanas, en condiciones comparativas de rezago, en el ámbito de la
educación superior. (Ramírez 2017).
Este contexto, genera profundos
cuestionamientos sobre la función social de la universidad, presionando, de
igual manera, a que, de una u otra manera, la universidad latinoamericana se re-pensara. Parte de estas reflexiones llevan a una
tendencia en la adopción de la RSU, como una estrategia, que ayudará a dar
respuesta a los cuestionamientos realizados. En palabras de Françoise Vallaeys (2006): la institución académica debe realizar un
análisis de su responsabilidad y sobre todo de su culpabilidad en los problemas
crónicos de la sociedad, dejando de pensarse como una burbuja de paz y
racionalidad.
A
partir de estos eventos, en Latinoamérica se comienza a posicionar el concepto,
estableciéndose en gran medida, como una herramienta de gestión universitaria.
Esta, debe transversalizar las funciones sustantivas,
la gobernanza y su gestión administrativa.
Colombia
no fue ajena a este llamado, por el contrario, es un país que ha venido
trabajando, la implementación de la RSU, dentro de no pocas instituciones de
educación superior. Este proceso se desarrolla habitualmente, a través de tres
visiones principalmente. Por una parte, la definida en el Manual de Primeros
pasos de la Responsabilidad Social Universitaria del Banco Interamericano de
Desarrollo; la del modelo de Responsabilidad Social Territorial planteado por
el Observatorio de Responsabilidad Social de América Latina (ORSALC-UNESCO); y
la de la Unión de Responsabilidad Social de América Latina (ÚRSULA), cuyo enfoque, hace referencia a los impactos
de la universidad hacia su comunidad interna y el medio ambiente, hacia sus
estudiantes, hacia el conocimiento y hacia la sociedad.
Muchas
de estas visiones se han conectado en el Observatorio de Responsabilidad Social
Universitaria (Red Ascún- Colombia), cuya definición
enmarca la responsabilidad social desde cuatro aspectos centrales: expresión
ética; autonomía universitaria; transferencia multidireccional del
conocimiento; y desarrollo humano sostenible.
Estas diferentes maneras de acercarse a la RSU,
pretenden que la Universidad establezca un rol activo en la promoción del
desarrollo. Esto, con el objeto de consolidar soluciones concretas a los
principales problemas de la sociedad.
Las
universidades colombianas han sido inspiradas principalmente por los
planteamientos del ORSALC y Vallaeys, sin embargo,
con el transcurso de los años muchas de ellas han logrado diseñar su política,
sistema o modelo a partir de la combinación, de las diferentes posturas que
trabaja la responsabilidad social, en términos generales. Por ejemplo, la
sostenibilidad, el valor compartido, los públicos de interés y la transferencia
del conocimiento entre otras. Para esta investigación se decidió partir de la
investigación realizada por URSULA en el año 2018, sin que esto se establezca
como el modelo central que desarrollan o implementan las universidades.
En
este contexto, se definen desde URSULA, cuatro ejes estructurales, en la
medición de la gestión de la RSU, en América Latina, presentando el primer
informe de la situación continental, 2018[2]: la Gestión
Organizacional, Formación, Cognición y Participación Social. Al cruzar estos
ejes con las estrategias propuestas en los Planes de desarrollo de este siglo
en Colombia, se encuentran las siguientes relaciones por eje y estrategia:
Ilustración
1: Relación entre la RSU y el PND (2002-2022)
La
ilustración No 1, establece nuestros hallazgos al cruzar las estrategias que
surgen de los planes de desarrollo nacional, propuestos por el Estado
colombiano y las variables de seguimiento de RSU, diseñadas colectivamente
desde URSULA. Se identifican estrategias que surgen del Estado, en respuesta a
las propuestas de los gobiernos, ya mencionadas en la primera parte de este
documento. Sin embargo, estas no están alineadas con las universidades, mucho
menos con los modelos de RSU, o con las tendencias de estos modelos en otras
partes del mundo.
Durante el año 2018 URSULA realizó el estado
del arte a partir de la autoevaluación de 60 universidades latinoamericanas, en
el cual, participaron 16 colombianas. La investigación se fundamenta sobre los
cuatro aspectos mencionados anteriormente, que surgen de la propuesta de RSU
que hace Vallaeys (2006), y otros autores que
trabajan RSE. De acuerdo a Vallaeys,
estos aspectos o dimensiones deben propender por los siguiente:
a)
En Gestión- contar con un campus responsable: implica la gestión socialmente
responsable de la organización y sus procedimientos institucionales; del clima
laboral, el manejo de los recursos humanos, los procesos democráticos internos
y el cuidado del medio ambiente.
b)
En Formación- abordar la formación profesional y ciudadana: es la gestión
socialmente responsable de la formación académica (en su temática, organización
curricular, metodología y propuesta didáctica). La formación profesional y
humanística debe fomentar competencias de responsabilidad en sus egresados.
c)
En Investigación- promover la gestión social del conocimiento: es la gestión
socialmente responsable de la producción y difusión del saber, la investigación
y los modelos epistemológicos promovidos desde el aula. El objetivo consiste en
orientar la actividad científica a través de una concertación de las líneas de
investigación universitaria con interlocutores externos a fin de articular la
producción de conocimiento con la agenda de desarrollo local y nacional y con
los programas sociales del sector público.
d)
En participación- promover participación de las partes interesadas, al interior
y al exterior de la Universidad: es la gestión socialmente responsable de la
participación de la universidad en la comunidad. El objetivo apunta a la
realización de proyectos con otros actores de tal modo que se constituyan
vínculos (capital social) para el aprendizaje mutuo y el desarrollo social.
De
acuerdo a ÚRSULA, los resultados se
pueden identificar con especificidad para Colombia. De acuerdo con el informe,
se encontraron los siguientes resultados localmente:
Tabla No 1: Colombia- Puntaje Promedio por meta
|
|
|
Promedio
Colombia |
Promedio General |
|
Gestión Organizacional (GO) |
GO-
Buen clima laboral |
3.68 |
3.35 |
|
GO-
Campus ecológico |
2.89 |
2.60 |
|
|
GO-
Ética, transparencia e inclusión |
3.68 |
3.32 |
|
|
Formación (F) |
F-
Aprendizaje basado en proyectos |
2.92 |
2.66 |
|
F-
Inclusión ODS |
2.32 |
2.18 |
|
|
F-
Mallas con actores externos |
2.98 |
2.88 |
|
|
Cognición (C ) |
C-
Inter y trans-disciplinariedad |
3.59 |
3.06 |
|
C- Investigación en y con la
comunidad |
3.31 |
2.88 |
|
|
C- Producción difusión conocimientos.
útiles |
3.07 |
2.82 |
|
|
Participación Social (PS) |
PS-
Integración PS-F-I |
3.31 |
3.00 |
|
PS-
Proyectos co-creados |
3.00 |
2.75 |
|
|
PS-
Participación en agenda externa |
2.86 |
2.79 |
Fuente:
Informe Final Investigación Continental RSU- URSULA 2018
URSULA
concluye que: Colombia presenta puntajes altos en los temas de buen clima
laboral, transparencia, ética e inclusión. Sin embargo, sus puntajes más bajos,
radican en la inclusión de los ODSy en los proyectos co-creados, seguidos de la participación en agenda externa
y de producción y conocimientos útiles. Esto muestra que el trabajo a mejorar
en las Universidades colombianas es el proceso de relación orgánica y productiva
con la comunidad (URSULA 2018).
3.
Resultados
El
proceso de análisis parte de la elaboración de una matriz, que tiene como
objetivo, cruzar, por una parte, los ejes estructurales o dimensiones,
definidos por ÚRSULA, para la medición del desarrollo de la implementación de
procesos de RSU en las universidades y por otra, las estrategias enunciadas en
los Planes de Desarrollo Nacional, correspondientes a los gobiernos, desde el
año 2002 a la fecha.
De acuerdo con esto, en un eje, se ubican como
dimensiones en RSU: Gestión Organizacional, Formación, Cognición y
Participación Social[3]. En el otro
eje, se identifican las estrategias, que:
de una parte, se manifestaron de forma consistente, en los Planes de
Desarrollo, durante el periodo de gobiernos definido (2002-2022). De otra
parte, que puedan vincularse o relacionarse, con los ejes o dimensiones.
A partir de este cruce, se encuentra que las
estrategias de:
Cobertura
Accesibilidad
Calidad
Han
estado presentes de forma permanente en los planes de desarrollo, como temas
amplios y abarcantes. Estos, han sido materializados
de diversas maneras, habitualmente a través de políticas públicas, o acciones
estatales de carácter regulatorio o voluntarios, que van derivando en tareas
concretas. Las mismas, impactan a nivel nacional, regional, departamental y
local, y tienen como objetivo, que su implementación y puesta en
funcionamiento, por parte de los diversos actores del sistema educativo,
evidencian mejoramientos en estas tres estrategias nacionales de educación[4].
Se
encuentra que fomentan también, el robustecimiento de la estructura
administrativa[5] e
infraestructura[6] de las
universidades, con el fin de: mantener su estatus de Institución de Educación
Superior[7]; y seguir
siendo sostenibles financieramente.
Estas
estrategias, de igual manera, han fomentado parcialmente, acciones de parte de
las universidades, las cuales se han reflejado en políticas internas
institucionales, así como de mejoramiento de los Planes Educativos
Institucionales de Desarrollo (PEID), como elementos estructurales y
estratégicos al interior de las IES.
Los
hallazgos del cruce de estrategias estatales, que cumplen con los requisitos de
permanencia en los diferentes gobiernos; coherencia con las estrategias
estatales amplias y con las dimensiones de RSU. Se resumen a continuación:
· Con
relación a la cobertura y la accesibilidad:
· Se
evidencian fomento de equidad en la accesibilidad y
· Fomento
de los créditos educativos (2002-06),
· una
desconcentración de la oferta de educación superior y
· Financiamiento
de poblaciones pobres (2006-10),
· Incremento
en las oportunidades de acceso y permanencia, y la búsqueda de igualdad de
oportunidades (2010-14),
· Una
disminución de las brechas de accesibilidad y búsqueda de igualdad de
oportunidad de ingreso y
· Financiamiento
de la educación superior (2014-18)
· Acceso
de cerca de 500.000 estudiantes de bajos recursos y la búsqueda de los cierres
de las brechas regionales y
· Gratuidad
en los estudios, a los estratos más pobres y
· Financiamiento
de la educación superior (2018-22)
· Con
relación a la calidad:
· Fortalecimiento
de la gobernabilidad del sistema de educación superior,
· Coherencia
y articulación del sistema,
· Definición
de estándares de calidad y formulación de planes de mejoramiento y
· La
evaluación de resultados (2002-2006)
· La
transformación del sistema de financiamiento,
· La
generación de alianzas entre instituciones de educación superior (2006-10)
· El
fomento de la articulación del sistema,
· Implementación
del sistema de calidad en la educación,
· Generación
de un sistema nacional de cualificación y la formación de docencia de alto
nivel (2014-18)
· Fomento
del reconocimiento de la excelencia académica,
· Fortalecimiento
de las universidades públicas,
· Fomento
de educación de calidad e incluyente y
· Educación
virtual de calidad (2018-22)
Teniendo
en cuenta estos hallazgos, ya relacionados con las estrategias estatales identificadas,
relacionamos algunos datos, que ayudan a la comprensión del fenómeno que
queremos evidenciar en este documento. A continuación, mencionamos los datos de
mayor relevancia:
Aspectos
de cobertura de educación superior:
Se
ha observado un aumento pronunciado en las últimas dos décadas pasando de 25.4%
en 2002 a 55.3% en 2018 (Banco Mundial, World Development Indicators). A pesar
de este avance en cobertura, la cifra para 2018 es baja en comparación con
otros países de la región (Ver gráfica 6). Según el Plan Nacional Decenal de
Educación 2016-2026, entre 2006 y 2016 se crearon 208 Centros Regionales de
Educación Superior (CERES) de los cuales el 87% están ubicados en zonas
rurales, muchos de ellos en municipios donde no existían IES previamente. Para
2014 el 75% de los municipios en Colombia contaban con oferta de educación
superior.
Gráfica
6: Cobertura en Educación
Superior varios Países
A
pesar del avance en términos de cobertura, no parecen haber mejoras en el
acceso a la educación superior, especialmente para población de bajos recursos
económicos. Según el informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública
(2017), del total de los jóvenes que pertenecen al quintil más pobre de la
población solo el 10.4% tiene acceso a la educación superior. Una de las causas
del bajo acceso a esta población es el alto costo de las matrículas que pueden
llegar a ser hasta 105.5% del salario mínimo semestral. Adicionalmente, la tasa
de deserción ha sido relativamente alta, aunque decreciente, en los últimos
años llegando a ser 9% en 2016 (PNDE 2016-2026).
Calidad
de la educación superior:
Los
resultados relacionados con la calidad de la educación superior han sido
modestos en las últimas dos décadas. Esto se debe a un relativo estancamiento
del proceso de acreditación de los programas y las instituciones de educación
superior. Según cálculos de Salazar, Meza y Correa (2016), para el año 2016
solo el 14.2% de los programas de pregrado estaban acreditados. En el caso de
las IES, esa cifra es solo el 13.6%. Parte de las causas de estos bajos
indicadores están relacionadas con la dificultad de mantener una planta de
docentes de calidad por parte de las IES.
Evaluación
de los estudiantes:
En
el caso la evaluación de los estudiantes mediante el Examen de Estado de
Calidad de la Educación Superior (SABER PRO), el análisis de los resultados da
cuenta de un bajo desempeño en general, especialmente en razonamiento
cuantitativo.
Gasto
público en educación superior:
El
gasto público en educación superior como porcentaje del gasto total en
educación ha tenido una tendencia ligeramente creciente en los últimos años
(ver gráfica 7).
Gráfica
7: Gasto en Educación Superior
como Porcentaje del Gasto Total en Educación
Sin
embargo, como se señaló anteriormente en la gráfica 4, el gasto por estudiante
como porcentaje del PIB per-cápita ha disminuido considerablemente, lo que
significa que los aumentos en cobertura de los últimos años han sido mucho
mayores al incremento en el gasto. Esto además de tener implicaciones en
términos de calidad, también afecta las posibilidades de financiación para los
estudiantes.
Inequidad,
movilidad social y aspectos generales sobre cobertura, calidad y financiación
de la educación superior:
En
términos generales se observa una ampliación de la cobertura en educación
superior, donde el acceso a estudiantes pobres se ha estancado y ha sido
relativamente bajo en los últimos años. Esto último debido principalmente a los
altos costos de ingresar a la educación superior. Adicionalmente, se ha
avanzado poco en términos de la calidad de los programas y de la acreditación
de las IES. Todos estos factores unidos reducen la efectividad de la educación
como mecanismo para reducir las inequidades y limitan la movilidad social en la
sociedad colombiana.
Disminución
de brechas en términos de la relación ciudad vs campo:
El
Informe de la Misión de Transformación del Campo (2014) establece que Colombia
tienen una deuda histórica con el campo, la cual se manifiesta en la falta de
oportunidades para sus habitantes y en la brecha creciente de la pobreza entre
las zonas rurales y urbanas. Debido principalmente a las altas tasas de trabajo
informal, falta de competitividad, la carencia de bienes públicos y el bajo
logro educativo.
El
analfabetismo en la población de la zona rural dispersa mayor de 15 años, es
del 12,5%, cifra alta comparada con el promedio nacional de 3,3%. Mientras que
la tasa de permanencia en el sistema educativo es del 82% en las zonas urbanas,
en las rurales es del 48%; y los resultados de las Pruebas Saber 5, 9 y 11 en
las zonas rurales son sistemáticamente inferiores a los de las zonas urbanas
(Delgado, 2014). Escenarios que impiden el acceso a la educación superior y el
aumento de la tasa de deserción.
La
apuesta en términos de educación para disminuir esta brecha se establece en
tres escenarios por una parte la cobertura, la calidad y la pertinencia de la
educación en medio de las características de la ruralidad colombiana. Desde
estos escenarios han sido pocas las universidades que se ha arriesgado a
establecer esta meta de país, como una de sus metas institucionales en torno a
la RSU. Colombia cuenta con casos interesantes como el proyecto UTOPÍA de la
Universidad de la Salle o la evaluación de pertinencia en términos de oferta
educativa que hace algunos años realizó la Universidad de Antioquia. Sin
embargo, esto no es suficiente.
Ofertar
escenarios pertinentes de educación superior en las zonas rurales implica por
una parte la articulación entre la media y la educación superior, el desarrollo
de estudios de competitividad que conlleven a la planificación de diferentes
escenarios de desarrollo socio-económico en donde la
educación superior asuma un papel activo que permita la formación de agentes de
cambio para la sociedad. El reto en este aspecto en el marco de la RSU implica
el fortalecimiento de una universidad disruptiva, pertinente, creativa e
innovadora que minimice la alta tasa de deserción, trabaje de manera conjunta
con el territorio y sobre todo forme profesionales bajo estándares de calidad
lo suficientemente robustos para enfrentar los desafíos que en términos
sociales, económicos, políticos y ambientales hoy tienen las zonas rurales de
Colombia.
Mejoramiento
de la calidad a partir de la articulación de las tres funciones sustantivas y
el modelo de gestión:
La
articulación de las funciones sustantivas en conjunto con el modelo de gestión
de la universidad se convierte en el principal reto de la RSU, cuyos resultados
deben propender por dar respuesta a los principales problemas sociales,
ambientales, económicos y políticos de su entorno, esto implica que la
Universidad constantemente esté observando, analizando y trabajando de manera
cooperada con cada uno de los actores que hacen parte de la comunidad.
Frente
a este punto el Ministerio de Educación Nacional ha venido consolidando el
Sistema Nacional de Acreditación, como respuesta a la necesidad de fomentar y
fortalecer la calidad de la educación superior, haciendo posible la
construcción permanente del conocimiento, la ampliación de las posibilidades de
desarrollo de las sociedades y el enriquecimiento constante de su capacidad de
comprensión de sí mismas y de su entorno. La educación superior es un servicio
público que tiene una función social estratégica y que, por tanto, debe ser
prestado con la mayor calidad posible (Lineamientos para la Acreditación
Institucional, 20114). Para ello el MEN les
establece a las universidades que desarrollen sólidos sistemas de
autorregulación, prácticas de buen gobierno y mejoramiento continuo
basado en la autoevaluación permanente, analizando de esta manera la
institución como un todo.
Procesos
de Autoevaluación:
Los
lineamientos previamente mencionados introdujeron a las universidades en la
implementación de los procesos de autoevaluación con el fin de analizar cada
uno de los indicadores allí propuestos y colocar en evidencia sus fortalezas y
debilidades en torno a los procesos de las funciones sustantivas, sin embargo
esta evaluación continua siendo de carácter subjetivo, evaluando unas funciones
sustantivas con mayor rigor que otras, tampoco permite analizar la articulación
entre las misma y no logra establecer el impacto de la universidad en el contexto.
Mejoramiento
de la calidad de vida a partir de la educación superior:
En
este sentido hablar del mejoramiento de la calidad de vida entorno a la
articulación de las funciones sustantivas, en la actualidad todavía parece un
escenario que tiene la oportunidad de desarrollarse, sobre el cual la
universidad en general debe ir mejorando y el Gobierno Nacional debe comenzar a
evaluar, de tal manera que no choque con la autonomía universitaria.
En
este punto la RSU podría convertirse en
el eje articulador de las tres misiones sustantivas y el inteligente manejo
financiero que se debe desarrollar en la Universidad, sin embargo todavía no se
habla de esta desde el MEN y las pocas
aproximaciones que se han realizado se han confundido con el reemplazo de la
proyección social, dejando de lado el valor y las oportunidades que la RSU nos
brinda en torno a la articulación, la cogestión y el trabajo con los diferentes
públicos de interés en torno al cumplimiento de las metas nacionales.
4. Conclusiones
Dentro
de los PND analizados se encontraron dos posturas en torno al capital y
desarrollo humano, la primera de ellas se estableció durante el gobierno
2006-2010 y la segunda en el gobierno 2014-2018. Conceptualmente estos dos
conceptos se diferencian principalmente por su fin y su profundidad para Boisier (2002) explica que este concepto corresponde al
stock de conocimientos y habilidades que poseen los individuos y su capacidad
para aplicarlos a los sistemas productivos. Para Sen
(1998) El concepto de capital humano es limitado puesto que sólo concibe las
cualidades humanas en su relación con el crecimiento económico.
Por
su parte Sen (2000) establece que el desarrollo es un
proceso integrado de expansión de las libertades fundamentales relacionadas
entre sí, y distingue cinco tipos diferentes: las libertades políticas, los
servicios económicos, las oportunidades sociales, las garantías de
transparencia y la seguridad protectora. Estas no son excluyentes entre sí y
pueden complementarse mutuamente; las libertades deben estar permeadas por la
ética; por ende, el desarrollo debe ocuparse de mejorar la vida del individuo a
partir de una expansión de las libertades de que disfruta dentro del contexto
personal y social.
Desde
estas dos miradas el desarrollo humano supera el concepto del capital humano ya
que este es capaz de analizar el ser humano más allá del crecimiento económico
e incorpora dentro del concepto elementos, como la búsqueda del
perfeccionamiento individual y social y la ampliación de la esfera de las
libertades para todos los seres humanos, bajo principios éticamente valiosos y
mediante la apertura de oportunidades y la formación de capacidades, no solo
para los destinatarios directos de la misión de las universidades, sino para
todos los que se relacionen con el entorno directo o indirecto de estas.
(Ramírez 2017).
En
términos generales, la educación superior debe plantearse más allá de las metas
económicas del gobierno nacional de
turno, esto obviamente implica pensarse una educación diferentes que sea más
responsable con el objetivo de aportar a la construcción de valor en lo
público; por lo tanto cada una de las acciones deben aportar a brindar
soluciones reales a las dimensiones propias del desarrollo humano
(contextuales, integradoras y finalistas); así como los principios de la
justicia y el bien público. Principios que se valorarán en la medida en que se
gesten modelos académicos y de evaluación que permitan la consolidación de la
perspectiva del desarrollo humano en la RSU, el pensamiento crítico, y la
relación con el entorno. (Orozco 2001).
Desde
este escenario el PND debería anidar un solo concepto entorno al tipo de
profesional que quiere formar desde la educación superior, en este sentido la
apuesta debería ser por el desarrollo humano, ya que es un concepto que implica
la formación de seres pensantes, conscientes que son capaces de materializar
sus capacidades en torno a los problemas sociales y sostenibles y no solamente
los productivos como se entiende desde el capital humano.
Bajo
estas condiciones la RSU invita a las universidades a plantear escenarios de
actuación que responda a esta necesidad de una manera más eficiente y práctica.
Para Ramírez (2017) la integración de la RSU y el desarrollo humano podrían
tratar de hacer frente a problemas como la mala distribución de las riquezas,
los desplazamientos forzados, la sostenibilidad ambiental, la debilidad
institucional y la crisis ética y moral, entre otros. Esta pertinencia es mayor
en la medida en que el desarrollo humano implica activar las capacidades de los
individuos y su agencia, mediante la formación del pensamiento crítico y
reflexivo, el pluralismo y la comprensión de la ciudadanía múltiple o compleja
que actualmente existe.
Al
revisar las estrategias y las dimensiones, resulta difícil establecer
relaciones en sus procesos de diseño, es decir, son propuestas desde escenarios
diferentes, independientes uno del otro. El sector público, responsable de
definir la línea en educación superior en Colombia a través de la política
pública y de entes reguladores como el Ministerio[8],
toma en cuenta conceptos como la RSU, desde hace aproximadamente 2 años. De
igual manera, los modelos de RSU, no se diseñan con base y/o en conjunto con
estos entes estatales, es decir, se piensan al margen de lo que el Estado va a
definir, encontrando, como en el caso colombiano, que se terminan generando
múltiples regulaciones y las IES, que deciden incorporar estas medidas
(voluntarias hasta la fecha) deben desarrollar procesos independientes, que en
teoría conducen al mismo fin.
También, se identifican dos problemáticas
adicionales. La primera, los sistemas o modelos de RSU, se incorporan o
implementan ad hoc, en otras palabras, diseñados como estudios de caso, a la
medida de cada institución y en algunos casos a cada sede, de
acuerdo a la región. La segunda, la vinculación de los modelos de RSU a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, profundamente vinculados con los
objetivos de responsabilidad social, así como con los objetivos de los
gobiernos adheridos al Pacto Global, como es el caso de Colombia (Núñez y
otros, 2015-96).
Este documento pretende hasta el momento,
identificar las relaciones existentes entre los procesos de diseño de política
pública en educación superior y los modelos de RSU. Parte del ejercicio,
evidencia la desarticulación en los procesos de diseño e implementación, que,
al revisar de forma retrospectiva, resultan integrables de alguna manera, como
lo hemos hecho en la matriz presentada previamente, sin embargo, no sería justo
proponer que fueron pensados de forma armónica y conjunta.
Teniendo
en cuenta lo mencionado, realizamos entonces, una propuesta sobre el proceso
actual, más sobre las estrategias en ambos escenarios y las posibilidades en el
contexto del país y regionalmente, sin embargo, también resulta fundamental
aclarar que el mejor camino, es repensar el proceso desde su base, integrando a
la RSU, como política pública, pensada para una universidad como actor
estructural en la construcción de la sociedad, más que como un actor activo que
responde en la formación de una parte de su población actual, el cual parece
ser la postura de la mayoría de los expertos actuales en el tema.
Apreciaciones
Adicionales
Al
revisar este documento y la información con la que fue construido, surgen para
nosotros, unas inquietudes adicionales, las cuales enunciamos a continuación:
La
primera inquietud, se trata precisamente de la función de la universidad, en la
sociedad. Por una parte, es posible comprender a la universidad como un actor
social, que genera conocimiento, en la cual, la búsqueda de la verdad, la
comprensión de la realidad y la rigurosidad en la construcción teórica de esta,
son sus características escatológicas. O por otra, se comprende a la
universidad como un actor responsable de adoctrinar ciudadanos, de establecer
diferenciación de clases y de legitimar y facilitar la construcción de
desigualdades, pobreza, injusticia y deslegitimación de las instituciones.
La segunda es a partir de esta relación,
comprender el papel de la RSU, en la sociedad actual, específicamente en el
contexto latinoamericano y mejor colombiano. El modelo de responsabilidad social, realmente es abordado por la universidad y por la
sociedad, o se pretende dar una salida transitoria a las demandas sociales y
empresariales a estos nuevos modelos, gestionándola desde la tercera función
social (extensión o proyección) como elemento estratégico para dar resultados
aparentes, sin comprender realmente su naturaleza.
De
acuerdo con esto, se comprende que la universidad deberá trabajar de manera
conjunta con los principales actores de la sociedad, si quiere lograr
soluciones contundentes a los problemas que actualmente atañen al país. Para
este caso en particular los investigadores deberán hacer énfasis, en el
acompañamiento en la redacción, implementación y seguimiento de las políticas públicas
diseñadas en términos de Educación Superior, fortaleciendo la participación
democrática, de todos los actores del sistema.
Referencias
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[1] Banco Mundial, World Development Indicators. Periodo de referencia
2000 - 2015.
[2] Investigación Continental URSULA. Estado del arte
de la RSU en América Latina. Primeros resultados. 2018. CAF Banco de desarrollo
de América Latina. CLERS-Universidad del Pacífico.
[3] Estos ejes o dimensiones, son resultado del trabajo de varios años, de
diversos actores en torno a URSULA, y a las universidades, docentes e
investigadores relacionados. Sin embargo, realmente provienen del modelo de RSU
internacional, que relaciona los impactos que provoca la actividad de la
universidad en la sociedad, proponiendo las dimensiones de: 1) organizacional,
2) educativa, 3) investigadora y 4) epistemológica y social.
[4] La regulación y acompañamiento de las Instituciones Estatales, como
Ministerio y Secretarías de educación, buscan el mejoramiento en general de la
educación en Colombia. Sin embargo, como se identifica en los resúmenes de los
planes de desarrollo, no siempre son coherentes o consistentes, presentando con
frecuencia, cambios profundos en relación con los planes anteriores. En esto,
se puede considerar que la política pública es tal vez, la mejor estrategia de
protección, de esta noción de coherencia y consistencia de largo plazo, en las
acciones de mejoramiento del sistema educativo.
[5] En términos de RSU, estaríamos hablando de Gobierno Corporativo, sin embargo,
vamos a omitir este apartado de la RSU, pues es un tema, sobre el que hay poco
desarrollo, de tal forma que no permite incluirlo en el análisis actual.
[6] En relación con infraestructura, se hace referencia a: campus,
laboratorios, tecnologías duras y blandas.
[7] A través de las certificaciones como Entidades
Educativas, emitidas por el Ministerio de Educación Nacional, así como de las
condiciones de Calidad, a aquellas instituciones con mayores capacidades de
infraestructura y recurso.
[8] Una de las debilidades sugeridas al sistema de
educación, es que la máxima autoridad, el Ministerio de Educación nacional,
funge como ente regulador, al mismo tiempo, como actor ejecutivo, es decir, de
poner en marcha la implementación de las políticas definidas y finalmente como
juez, regulando, implementando y sancionando. La naturaleza organizacional,
demanda de un equilibrio de poderes, que permita que un solo actor, no cumpla
todas las funciones. Para un ejemplo sencillo, la estructura de poderes de un
Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, establece un equilibrio natural
regulatorio entre todos.