Repensar las relaciones socioterritoriales: un enfoque urbano-rural para el desarrollo sostenible

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DOI del artículo: https://doi.org/10.26620/uniminuto.inclusion.11.1.2024.31-38

Introducción

La planificación urbana y regional de la modernidad tiene sus raíces en la respuesta para atender las necesidades sociales y económicas desencadenadas por la Revolución Industrial y, hoy en día, por la dimensión ambiental y la digitalización (Hall et al., 2019). Sharifi et al. (2023) afirman que las principales áreas temáticas de los especialistas en planificación se relacionan con la desigualdad y socioeconomía, el crecimiento económico y la innovación, la ecología urbana y la planificación del uso del suelo y la política, gobernanza y sostenibilidad urbana.

Las condiciones actuales se caracterizan por la creciente urbanización, la cual impone desafíos de planificación para satisfacer las necesidades de infraestructura, movilidad, transporte, seguridad alimentaria, materia prima, acceso a servicios básicos, etc. En 2007, la población mundial experimentó un equilibrio entre pobladores rurales y urbanos. Un año después, por primera vez, la población urbana superó ligeramente a la rural en términos proporcionales. En 2021, la población rural representó el 43,52 % de la población total (Banco Mundial, 2022), lo que puso de manifiesto la tendencia hacia la urbanización, sobre todo en países en desarrollo y menos avanzados.

A pesar del crecimiento urbanístico, la pobreza conserva un rostro rural (Kay, 2009). Ante el desafío de erradicar la pobreza, el desarrollo sostenible persigue un equilibrio social, ambiental y económico que favorezca el bienestar de las poblaciones rurales y urbanas y del medio ambiente. Sin embargo, la acelerada dinámica comercial de este siglo ha puesto en tela de juicio las justas relaciones territoriales de las poblaciones y sus actividades y ha hecho que la peor parte se la lleven los pobladores rurales en términos de acceso y cobertura de servicios básicos de salud, educación, trabajo formal, vivienda y saneamiento, y acceso a internet.

Los cambios estructurales a nivel demográfico y de la transición espacial urbano-rural pueden provocar conflictos, por lo que se requiere una mejor comprensión a fin de garantizar una transición óptima del uso del suelo (Zhu et al., 2020). La tendencial urbanización trae consigo configuraciones espaciales artificiales, tales como redes de transporte, áreas pavimentadas, zonas comerciales e industriales, rellenos sanitarios y vertederos y construcciones civiles en edificación. Todos estos ponen en riesgo la diversidad funcional de los espacios, que se tornan vulnerables ante eventos climáticos extremos y la contaminación (Morgado et al., 2018).

Según Guzmán (2010), las ciudades han sido concebidas como polos que importan recursos ajenos y, al mismo tiempo, exportan desechos tangibles e intangibles; esto es, un intercambio económico. Sin embargo, hoy se acentúa la necesidad de comprender las interrelaciones urbano-rurales y lo determinante que son para el desarrollo sostenible. Este enfoque relacional supera el enfoque explotador o geográfico de lo rural y urbano, y privilegia la focalización sobre los actores sociales y las transformaciones en los territorios.

"Las relaciones urbano-rurales se concretan en relaciones socioeconómicas y ambientales entre seres humanos o pobladores asentados en un territorio con características particulares que permiten distinguir los medios de vida y el entorno."

La “desagrarización” del campo y la emergencia de la pluriactividad económica en las zonas rurales (es decir, agrícola y no agrícola) ha cambiado la relación entre el campo y la ciudad (Ávila, 2005). Estas transiciones económicas han de planificarse de manera proactiva e integral desde el ámbito urbano-rural con la finalidad de construir relaciones agroalimentarias y sostenibles desde un enfoque espacial y de uso de suelo en el ámbito regional (Lazzarinni, 2018). Las relaciones urbano-rurales se concretan en relaciones socioeconómicas y ambientales entre seres humanos o pobladores asentados en un territorio con características particulares que permiten distinguir los medios de vida y el entorno.

Hou et al. (2020) encontraron que la cantidad y la calidad de los servicios ecosistémicos estaban siendo afectados por el patrón del paisaje, asociado con la cobertura y el uso del suelo. Sukhdev et al. (2015) categoriza los servicios ecosistémicos según su función (regulación del clima, hábitat, abastecimiento y cultural) y sitúa a los ecosistemas y a sus servicios como eje transversal para el desarrollo de las sociedades humanas y la conservación de la biodiversidad.

He y Zhang (2022) concluyen que las asimétricas relaciones de poder generadas desde la Revolución Industrial (como la desigualdad en la división del trabajo) causan disparidades urbano-rurales. Con el fin de crear sociedades más equitativas, los países están llamados a cambiar la concepción sobre el desarrollo, considerando los polos de desarrollo y la calidad de las relaciones territoriales. En ese sentido, este ensayo tiene el objetivo de exponer una reflexión sobre el desarrollo sostenible de los países a través de una visión para el fortalecimiento de las interconexiones urbano-rurales.

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Desarrollo

En 1987, el informe Brundtland presentó la necesidad de mancomunar el medio ambiente y la humanidad y expuso la necesidad de que hubiese un desarrollo humano que considerara la dimensión temporal y generacional, así como la integración de tres pilares: sociedad, ambiente y economía.

Este informe dio paso a la definición de desarrollo sostenible como un concepto inclusivo, ambientalmente amigable y económicamente viable, que toma en cuenta la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades (World Commission on Environment and Development [WCED], 1987). El desarrollo sostenible se fundamenta en los conceptos de necesidades humanas y limitaciones ecológicas, por lo que se establece como un marco para diseñar estrategias de desarrollo que transformen la economía y la sociedad en correspondencia con el medio ambiente.

Según López (2015), el informe Brundtland es un precedente sobre el desafío de sostenibilidad de la humanidad. A partir de este hito, los estados organizados en las Naciones Unidas han creado objetivos para la búsqueda mundial de alternativas de desarrollo. De 2000 a 2015, los países definieron los Objetivos del Milenio (ODM) y, en 2015, presentaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por cumplir al final de la tercera década del siglo XXI.

Una de las críticas del concepto de desarrollo sostenible es la gran dificultad de reconocer su utilidad práctica a escala territorial (Tapia, 2020). Gómez (2017) considera como elementos críticos la falta de clarificación de metas y objetivos, la carencia de datos y la delimitación precisa de responsabilidades y compromisos. Esto trae consigo el incumplimiento de los propósitos de la agenda de desarrollo en un contexto donde el concepto de desarrollo sostenible ha tenido poca permeabilidad en las comunidades locales y las instituciones.

Diversos países adheridos a las Naciones Unidas se avocan a expresar avances en los ODS, pero existe poca evidencia de los logros, así como instrumentos de políticas públicas frágiles, es decir, con poca o nula coherencia en la formulación y la evaluación de impacto. Para medir el progreso en cuanto a metas, es necesario tener claridad del panorama social, ambiental y económico mediante métricas o calidades descriptibles y diferenciables, previo a la implementación de medidas políticas. Este panorama o estado de situación se denomina línea base, el punto de partida para ejecutar acciones que impacten el propósito de la política pública.

Un punto por considerar para definir la línea base es comprender la urbanidad y la ruralidad, dos contextos con valores sociales, ambientales y económicos particulares que guardan una relación espacial en todos los aspectos.

Para atender las necesidades y solucionar problemas a escala territorial, el contexto (ya sea urbano o rural) marca las condiciones de la vida humana y sus actividades, así como las posibilidades de los planes de desarrollo. Por ejemplo, la pobreza rural debe abordarse desde un enfoque distinto al de la pobreza urbana, sobre todo en lo relativo a su concepción y a sus herramientas.

Las sociedades actuales se caracterizan por su nivel de desarrollo según el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual considera aspectos de salud, ingreso y educación. El IDH es un indicador macroeconómico que presenta la situación global de un país; no obstante, existen desigualdades socio-territoriales dentro de los países. Realmente, el desafío actual es aclarar y comprender los tipos de desigualdad que son una barrera para el desarrollo humano y qué factores los originan (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2019).

Sky et al. (2018) concluyen que, ante la globalización, se han presentado cambios en las relaciones urbano- rurales, sobre todo en materia de desigualdad social y de cambios de uso de suelo, provocados por el éxodo rural. El auge de las actividades económicas en las zonas urbanas ha atraído a los pobladores jóvenes de las zonas rurales a buscar mejores condiciones. Esta dinámica requiere que los gobiernos locales y nacionales planifiquen el desarrollo en la escala urbana y regional (esto incluye lo periurbano y lo rural), debido a que las medidas políticas pueden generar consecuencias positivas o negativas sobre el uso del suelo.

"Las relaciones urbano-rurales se concretan en relaciones socioeconómicas y ambientales entre seres humanos o pobladores asentados en un territorio con características particulares que permiten distinguir los medios de vida y el entorno"

El siglo XXI ha estado marcado por la acentuación de la urbanización de los países, la desconexión con la naturaleza y las actividades del campo, y la revolución digital y tecnológica, principalmente, en los grandes centros urbanos. Sin embargo, problemas como la desigualdad socioterritorial, el cambio climático, las crisis alimentarias, entre otros, comienzan a encauzar al ser humano hacia la sostenibilidad. Por este motivo, las sociedades requieren reflexionar sobre la importancia de reconocer el valor de los territorios y sus funcionalidades para garantizar un equilibrio socioambiental que trascienda la seguridad hídrica, alimentaria, sanitaria, energética y económica.

El término seguridad hace referencia a la ausencia de riesgo o peligro. A nivel del Estado, la preservación de la paz social pasa a través del tamiz de la satisfacción de las necesidades de la población y de la garantía de los derechos fundamentales. Sin embargo, al hablar sobre seguridad hídrica, alimentaria, sanitaria, energética y económica, muy pocos piensan en los factores determinantes y su arreglo espacial. Por ejemplo, la seguridad hídrica de las zonas urbanas, que muchas veces contienen fuentes de agua contaminadas, depende de la calidad de los ecosistemas aguas arriba, donde existe menor densidad y presión demográfica. Gran parte de la captación de agua bruta se da en zonas poco intervenidas por la urbanización; no obstante, en la práctica, ¿existe algún tipo de compensación de los pobladores urbanos a los rurales?

No se trata de reducir lo rural a un espacio de aprovisionamiento o intercambio lineal. Al respecto, Martínez (2017) señala que los países deben superar la visión de lo rural como simple reserva estática de recursos de la ciudad o como un espacio subordinado a lo urbano. En realidad, se requiere valorizar el espacio rural a partir de las dinámicas en el territorio y su interdependencia horizontal con el urbano. Por ejemplo, la actividad agropecuaria ya no es solo producción de alimentos y materia prima. Sus funciones se han diversificado (estructurar los territorios rurales, conservar la biodiversidad y controlar la descontrolada expansión urbana [Guzmán, 2010]). Las nuevas visiones de lo rural integran la oferta de recursos naturales, espacios de ocio, paisajismo y cultura, lo que ha generado una mayor complejidad en términos de interconexión y dinamismo (Pérez et al., 2009).

Las relaciones entre los territorios urbanos y rurales de la época deben favorecer el intercambio de recursos humanos, naturales, tecnológicos, de infraestructura, financieros, culturales y de información. Si bien usualmente existe una brecha entre los pobladores urbanos y rurales en cuanto a acceso a servicios básicos y a facilidades para el desarrollo humano, es necesario superar estos límites y dar espacio a la inclusión productiva y económica de los territorios rurales y sus pobladores. Se requiere de una mirada alternativa que busque posibilidades inéditas, considerando la cultura, para insertarlas en las dinámicas nacionales e internacionales gracias a la inclusión y la participación (Samper, 2014).

Por el lado de lo urbano, los factores culturales también han sido determinantes en la construcción de ciudades sostenibles, ya que amortiguan la presión de la competitividad económica de la modernidad y dan paso a patrones amigables con el medio ambiente. Hoy, la atracción del turismo de ciudad de nacionales y extranjeros se centra en los espacios públicos, culturales y verdes (Lezama y Domínguez, 2006). Las ciudades con poca planeación territorial en estos espacios requieren repensar, rediseñar y concretar proyectos para crear espacios de recreación y esparcimiento como plazas, parques, mercados públicos, vías peatonales, conservación de la arquitectura local, entre otros.

La finalidad del vínculo entre los territorios es mejorar la calidad de vida de los pobladores urbano-rurales (infantes, adolescentes, adultos y adultos mayores), sin hacer discriminación de género ni etnia. Los problemas del desarrollo están relacionados con injusticias territoriales en la dimensión social, ambiental y económica que pueden engendrar conflictos territoriales relacionados con los recursos (agua, saneamiento, metales preciosos, bosques, etc.).

Las dinámicas e interconexiones entre los pobladores urbanos y rurales pueden contribuir a la distribución de los recursos y a la comprensión de las distintas realidades y cosmovisiones. No obstante, se requiere de un aparato institucional que guíe y favorezca estas acciones a fin de garantizar negociaciones equilibradas que terminen en el reconocimiento socioeconómico y ambiental de los aportes de las poblaciones y sus territorios para el desarrollo sostenible de toda la sociedad.

De acuerdo con Kalfas et al. (2023), las acciones políticas del Estado y las instituciones deben gestionar la tierra y los recursos asociados con base en las realidades y costumbres locales y en los efectos sobre los ecosistemas y los sistemas sociales. Mensah y Casadevall (2019) plantea la imperiosa necesidad de formular y aplicar políticas sociales basadas en la tolerancia, la cohesión social y la justicia mediante la consagración de los derechos humanos universales, la inclusión, la equidad y la gobernanza.

"El término seguridad hace referencia a la ausencia de riesgo o peligro. A nivel del Estado, la preservación de la paz social pasa a través del tamiz de la satisfacción de las necesidades de la población y de la garantía de los derechos fundamentales."

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Conclusiónes

La interdependencia territorial es una concepción interesante para repensar el sistema socioeconómico y ambiental de un país, considerando a la población, a su territorio y a los beneficios que se generan en los territorios urbanos y rurales. El planteamiento se basa en un esquema de reciprocidad que perpetúe una dinámica de bienestar social justa con el ambiente, las sociedades urbanas y rurales, y la economía.

Existen funciones fundamentales que nacen y se desarrollan en los territorios rurales, tales como la producción de alimentos, materia prima, agua bruta, energía, oxígeno y otros bienes y servicios de los ecosistemas intervenidos y no intervenidos. Bajo esa perspectiva, la concepción actual del desarrollo sostenible debe basarse en la calidad de las relaciones socioterritoriales y de los bienes y servicios que permiten el buen funcionamiento de los sistemas en el seno de los países.

La comprensión de la satisfacción de las necesidades, en función de quién o qué las provee, puede ser un elemento integrador para propiciar una movilidad desde lo urbano hacia lo rural y viceversa. Los territorios rurales también tienen un potencial de atracción en términos de paisajes y recursos naturales y culturales para satisfacer las necesidades de las sociedades urbanas. Así mismo, requieren del apalancamiento urbano para el desarrollo local y la inclusión económica, generada principalmente por la demanda potencial de las zonas urbanas.

Ante esta realidad sinérgica entre lo urbano y rural, es imprescindible hacer un reconocimiento social de los territorios y de sus aportes al desarrollo sostenible. En este sentido, los gobiernos locales, distritales, provinciales y nacionales juegan un papel protagónico en la planificación urbana y regional a fin de incluir medidas de reciprocidad para promover el desarrollo territorial en las áreas urbanas, periurbanas y rurales. Para ello, se requiere de la intervención del Estado y los gobiernos locales, pues no se puede asentir la política del laissez faire y los resultados del libre mercado en una situación sobre la que aún existen adecuaciones pendientes, como la de incluir en el mercado los servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas para el bienestar social y la conservación de la biodiversidad.

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Derechos

Artículo de investigación / Research Article / Artigo de pesquisa

Conflicto de intereses: Los autores han declarado que no existen intereses en competencia