Marisol Cruz Cruz
marisol_cruz_cruz@yahoo.com.mx
Universidad Autónoma de Zacatecas,
Zacatecas México
Humberto de Luna López
humberto_deluna@yahoo.com.mx
Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas México
Cristina Recendez Guerrero
crecendez2001@yahoo.com.mx
Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas México
Encuentre este artículo en http://revistas.uniminuto.edu/
Fecha de recepción: 3
de septiembre de 2018
Fecha de aceptación: 16 de octubre de 2018
Fecha de publicación: 30 de diciembre de 2018
El objetivo de este trabajo, es reflexionar sobre las políticas públicas sociales, de tipo productivo y comunitario dirigidas a la sociedad campesina pero con impacto mayor en los ámbitos de desarrollo de las mujeres campesinas de México. Las acciones gubernamentales en la sociedad de las campesinas mexicanas, se traducen en los programas sociales y los programas productivos y de beneficio social que impactan en la sobrevivencia de este sector de la población, que representa el 23.2% del total que asciende a 122.3 millones de personas (51.4% son mujeres y 48.6% son hombres). Desde la perspectiva de las políticas públicas, entendidas como acciones del gobierno para activar económica y socialmente al sector de campesinas mexicanas, se asumen como válidas las investigaciones realizadas sobre políticas públicas para mujeres rurales que tienen como característica tener un parentesco con propietarios de tierra de temporal (del que ejercen control legal o de posesión para el usufructo, utilizan el trabajo familiar para los procesos productivos y recurren al trabajo colectivo de los conocidos o vecinos como solidaridad para actividades donde la mano de obra familiar es insuficiente, no buscan la ganancia, los motiva el autoconsumo y un fondo de reserva y carecen de control de los precios de mercado), se realizan inferencias, se agrupan y destacan las implicaciones en el ámbito del hogar, lo productivo y lo comunitario. Para ello se exponen las características de la sociedad campesina y los rasgos de algunos programas que impactan el hogar campesino. Son programas sociales, productivos y comunitarios que en lo general buscan reducir la pobreza con igualdad entre hombres y mujeres, pero es simplemente una relación del Estado con la sociedad campesina para paliar la marginación en la que se encuentran, ya que solo impacta en la formación de mano de obra precaria desde los espacios de actividades de las mujeres.
Palabras clave: políticas públicas, programas asistencialistas-productivos-comunitarios, mujeres campesinas.
Abstract
The objective of this research work is to reflect on the social, productive and community public policies aimed at the peasant society with greater impact in the areas of development of rural women in Mexico. The Government actions in the Society of Mexican peasants, are described into social programs and productive and social benefit programs that impact on the survival of this sector of the population, which represents 23.2% out of 122.3 million people (51.4% are women and 48.6% are men). From the perspective of public policies, known as government actions to activate economically and socially the sector of Mexican peasants; all the research work on public policies for rural women are assumed as valid, since it is commom for them to have a kinship with land owners (where they play the role of taking legal control or possession for the enjoyment, they use the family work for the productive processes and they resort to the collective work of the neighbors as solidarity for activities where the family labour is insufficient, they do not seek profit, they are motivated by self-consumption and they lack control of market prices inferences are carried out, grouped and emphasized the implications in the field of the home, the productive and the community. For this, the characteristics of the peasant society and the features of some programs that impact the rural home are exposed. They are social, productive and community programs that generally seek to reduce poverty with equality between men and women, but it is simply a relationship of the state with the peasant society to alleviate the marginalization in which they are, because only It impacts on the formation of precarious labour from the spaces of women’s activities.
Keywords: public policies, assistentialist-productive-community programs, peasant women.
Las políticas públicas hacia las mujeres campesinas están enmarcadas por los movimientos y reconfiguraciones sociales, políticos, económicos y culturales de la década de los 50 del siglo pasado hasta el actual siglo. Las mujeres campesinas de las zonas rurales, identificadas históricamente con el peón acasillado que tras la Revolución Mexicana transmutó a campesino o pequeño productor de temporal que accedió a la tierra, siempre han tenido una participación activa en el país.
La tierra permitió a los campesinos adquirir una identidad política, social, económica e ideológica relacionada con la producción primaria, principalmente los granos básicos, esto es, maíz y frijol que es la dieta elemental de los mexicanos (Rubio, 2002). En tanto la identidad de las campesinas, quedó representada como sumisas, calladas, sin voz, mujeres hincadas moliendo nixtamal en el metate, con sus rebosos y enormes ojos realizando cualquier otra actividad de carácter reproductivo, propio a su condición de mujer, confinada a la estructura patriarcal aún vigente (Macias, 2002) (Monsivais, 2011).
Si bien a nivel internacional la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició sus trabajos en pro de la igualdad del hombre y la mujer en 1945 (Chiarotti, 1995), es en 1950 cuando las mexicanas lograron su derecho al voto, pero la inclusión a las deciciones políticas como colectivo se concentraron en las mujeres de clase media, mientras las rurales se decantaron por el empleo remunerado para proveer de alimentos a sus familias, es decir, ya para entonces lo rural era identificado con la pobreza (Macias, 2002).
También abonó al inicio de las acciones gubernamentales en pro de las féminas la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer realizado en 1975, en el cual se reconocen las funciones productivas y reproductivas de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida; de igual forma, es en esa época que comienzan a aparecer investigaciones sobre las condiciones de vida de las mujeres, el trabajo invisible realizado y el acceso a los recursos como la tierra (Chiarotti, 1995).
En México, producto de la conferencia como política gubernamental cobró realce la Ley Agraria que reconoce la igualdad de derechos sobre la tierra para los hombres y las mujeres, un proceso iniciado en 1971 (Reyes, 2006). En términos prácticos el compromiso del gobierno de garantizar el acceso a la tierra se tradujo en esfuerzos raquíticos, porque aún en el 2017 el acceso de las mujeres a la tierra sólo es del 14.5% de los más de 4 millones de pequeños productores por la vía de herencia, por viudez principalmente.
A la par, comenzaron a difundirse las primeras investigaciones académicas en las cuales se evidencia a las mujeres relegadas de los beneficios de la tierra. Algunos de los trabajos muestran el desconocimiento de la articulación de la producción de valor de cambio y valores de uso, desde el punto de vista de la economía política (Michel, 1984: 86-87); desde la Antropología, de la “normalidad” se evidencía el no reconocimiento del trabajo de producción de básicos por los mismos miembros de la familia (Arizpe, 1989: 17).
Mientras la academia realizaba contribuciones sobre las mujeres rurales-campesinas, México experimentaba el agotamiento del Modelo Económico Sustitutivo de Importaciones (ISI) que contribuyó a la identidad campesina con la tierra e intentó fortalecer el mercado interno. Para mediados de los 70 iniciaba el modelo de nuevo liberalismo. Contrario a la ISI, el nuevo modelo redujo drásticamente la ingerencia del Estado en las actividades económicas, ciñéndose a la lógica del mercado, la oferta y la demanda. El adelgazamiento del Estado se tradujo en la venta de empresas propiedad de la nación como Teléfonos de México, ahora Telmex propiedad de Carlos Slim; en el campo se reflejó en una disminución de las inversiones en asistencia técnica, disminución de subsidios, cero inversiones en innovaciones, desarropó a la clase trabajadora introduciendo la flexibilidad laboral en su expresión más negativa, implica que las reglas de contratación quedan en manos del patrón, por lo general sin posibilidades de generar derechos para una jubilación con pensión, jornadas laborales extensas sin pago extra por la actividad desarrollada y niveles salariales; y se dio por terminada el reparto agrario para 1992, viendo esfumadas las posibilidades de las mujeres a acceder a la tierra por derecho constitucional (de Luna, 2017).
Las implicaciones del neoliberalismo en la sociedad campesina orillaron a las mujeres, a buscar ingresos monetarios o de bienes y servicios para la alimentación familiar en proceso de precarización, que dio pie al inicio de una nueva relación del Estado neoliberal con la sociedad campesina, encaminada a la administración de la penuria, marginación y pobreza, en un entorno donde, las actividades de las campesinas tienden a ser normalizados a su condición de género (Olivia y Camarero, 2005: 3-12).
Las acciones del Estado en la etapa neoliberal para las mujeres campesinas impactan en el hogar, esto es, para la reproducción de mano de obra precaria en el ámbito productivo, con emprendimientos cuyo producto final es para los miembros del hogar campesino y el entorno comunitario que beneficia a los pobladores de las localidades. Generalmente no transitan a convertirse en empresarios, salvo casos excepcionales.
La preocupación del gobierno por las mujeres del campo comenzó entre 1970 y 1980, cuando el modelo sustitutivo de importaciones empezó a debilitarse y se agudizó la pobreza en el medio rural.
Las políticas públicas entendidas como acciones del Estado para generar condiciones de dinamismo económico en México, tienen su origen en 1950 en Estados Unidos y son propias de una sociedad democrática. El conjunto de acciones son los programas intensionales o causales, compatibles con la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos, las Leyes particulares y la normatividad vigente, definidas, decididas e implementadas por el gobierno. Son intensionales y causales porque deliberadamente buscan solucionar un problema, tienen un fin, se considera que son las apropiadas para producir situaciones como el logro de objetivos. Las políticas públicas también son un proceso porque el gobierno toma decisiones técnicamente esficaces (Aguilar, 2012: 17-60).
Las políticas públicas transitan al ámbito académico porque buscan el conocimiento “de” y “en”, es decir, las decisiones del gobierno en materia de salud, ambiental, productivo entre otros debe tener un conocimiento empíricamente sustentado; producto de la identificación y definición del problema, del diseño, implantación y evaluación.
Las políticas públicas operan sobre la base de la recolección de datos de hechos verificables, que son sometidos a análisis estadístico de pretención neutral y objetividad, de racionalidad tecnocrática; se especifican en una serie de variables dependientes e independientes; sus resultados son válidos sólo para el contexto considerado. En su operar bajo la consideración de Feyeraben en el sentido de que “el conocimiento…corresponde más bien a un creciente oceano de arlternativas incompatibles entre ellas, en donde cada teoría, cada cuento de adas, cada mito…contribuye al desarrollo de la conciencia” lo que implica que las políticas públicas no están inscritas a una sola forma de conocimiento (Roth, 2007), pero en su hacer predomina lo empírico analítico, es decir, la realidad se expresa y explica mediante modelos y lógica matemática, en menor medida está presente lo simbólico y la construcción social de la realidad.
Las políticas públicas son consideradas una disciplina que explica los procesos de elaboración y ejecución de las políticas, para atender problemas públicos de los individuos de la asociación política, con base científica, interdisciplinaria y al servicio de los gobiernos democráticos (Laswell, 1951; Aguilar, 2000 citados en Cardozo, 2013: 40).
“Los gobiernos son los actores principales con las políticas públicas, por su privilegio, disposición de recursos y poder para ofrecer bienes, servicios y transferencias que resuelven asuntos público, si bien la participación de las organizaciones civiles y sociales y de los ciudadanos en general se consideran altamente deseable… El proceso como aproximación analítica en función de la desagregación que cada autor realiza, pero actualmente existe bastante consenso en incluir: a) la formulación (análisis ex-ante, tomando como referencia la acción), que se basa en un diagnóstico y definición del problema, para generar y analizar sus alternativas de solución; de manera de seleccionar la que se considere más apropiada; b) la implementación, que debería corresponder a la puesta en práctica y control de la formulación anterior (en forma concomitante) mediante la toma de decisiones operativas y acciones concretas destinadas a incidir en el problema público original; pero que en la práctica suelen apartarse de la misma en distintos grados y por razones diversas (problemas del diseño, juegos políticos, recursos inadecuados, etcétera); y c) la evaluación (estudio ex-post), que permite medir los resultados e impactos alcanzados, describir el proceso desarrollado, explicar sus determinantes y condicionantes, y calificar su grado de efectividad; para decidir si conviene seguir aplicándola, con o sin modificaciones, o amerita su terminación o sustitución. En diferentes contextos y períodos históricos, el peso relativo del estudio de las políticas públicas se inclinó más hacia alguna de las etapas señaladas” (Cardozo, 2013: 40).
Las crisis económicas son el rasgo esencial del actuar el Estado. En el caso de las mujeres rurales se les observó como las más pobres de entre los pobres, y fue entonces que el sector público centró su atención en este sector demográfico. 1 En los diagnósticos de la problemática se puso de manifiesto que el segmento femenino del agro, sin considerarse propiamente población económicamente activa, realiza labores en la parcela que antes correspondieron a los varones, por la migración (Arizpe, 1988; 26 y 27). De esta manera comenzaron a ajustar su tiempo para atender el hogar y las actividades que realizan fuera de esta.
Lourdes Arizpe y Carlota Botey, nos recuerdan que con la Ley Federal de Reforma Agraria, en su artículo 200 de 1971, quedo establecido la igualdad jurídica entre hombres y mujeres para ser dotados de tierra. En el artículo 45 se dispuso que las mujeres disfrutaran de derechos ejidales, tendrán voz y voto en las Asambleas Generales y serán elegibles para cargos como Comisariadas y Consejos de Vigilancia. A la vez en el artículo 78 se prohíbe el acaparamiento de unidades de dotación por una sola persona, pero si un ejidatario contrae vida marital con una mujer que disfrute de una unidad de dotación se debe respetar lo correspondiente a cada uno, para lo cual deberán contraer nupcias por régimen de separación de bienes. Además esta Ley introdujo la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer (UAIM), que otorga a las mujeres mayores de 16 años que no sean ejidatarias una unidad de dotación, para que se establezcan sobre ella pequeñas granjas agropecuarias o agroindustriales (Arizpe y Botey, 1986; P. 137-138).
Las prácticas del Estado en el sector de las mujeres rurales son impulsadas desde la Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), retomando el concepto de desarrollo rural integral entendido como “el conjunto de esfuerzos, programas y políticas de la sociedad civil y de los tres niveles de gobierno para lograr una mejor calidad de vida, una mayor capacidad de gestión y un mejor ambiente físico para los habitantes de las zonas rurales a fin de contribuir a un desarrollo y dignidad humanas…” (Costa, 1997: 196) (Costa, 2001).
Las políticas públicas han considerado las características de los hombres y las mujeres. Como acciones gubernamentales, consideran inputs hacia la constitución de la demanda política; y los outputs hacia las respuestas y los resultados de los procesos racional-burocrático del aparato público y de quienes toman decisiones. Las políticas públicas se logran por la intensión de los organismos internacionales, agendas privadas financiadoras, organizaciones feministas, académicas y expertos (Incháustegui, 1999: 89-116).
La mujer campesina a quien van dirigidas las acciones gubernamentales, como categoría es integrante de un nucleo familiar caracterizado por poseer o tener control legal de un predio de temporal, produce granos básicos para el autoconsumo más un pequeño fondo de reserva, emplea el trabajo de los miembros de la familia, recurre al trabajo vecinal en calidad de solidaridad para las actividades donde la mano de obra familiar es insuficiente, no busca la ganancia y carece de control de los precios de mercado (Bartra, 2006) (Figueroa, 2005; 34).
No obstante, las actividades realizadas por la campesina para el nucleo familiar son consideradas como no productivas y por ende están invisibilizadas, lo cual es reforzada con el papel de diversas instituciones como las educativas, las religiosas, la familia y los medios de comunicación dirigidas por el Estado. Algunas de ellas incluso determinan si una mujer es pura, madre o próstituta (Villanueva, 2010: 234-235).
Las desigualdades entre hombres y mujeres campesinos se dan en los ámbitos productivos como el acceso a la tierra, espacios de decisión de la comunidad, la representación, en el acceso a recursos públicos para la producción y comercialización. El acceso inequitativo es un producto histórico de la opresión y subordinación de las mujeres que deja a los hombres en los espacios de toma de decisiones y control del poder y a las féminas al servicio de los otros (Rubín, 1986) (ONU, 2017).
Las relaciones de poder y jerarquías de los hombres y las mujeres no son exclusivas de las sociedades campesinas. De la Cadena (1992) explora las formas en que se desarrollan y vinculan las relaciones entre hombres y mujeres y las relaciones inter-etnicas de las poblaciones de afrodecendientes en Colombia. Collins 1990 en Neira, 2012 articula las categorias raza, clase y género para destacar la invisibilidad que manifiesta el poder y la opresión.
Las campesinas son aquellas que habitan en las localidades rurales de hasta 2499 habitantes, según el criterio del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
El entorno de la sociedad campesina se caracteriza por el embate neoliberal, que inició con la implementación de las reformas estructurales en los primeros años de 1980 y culminaron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) con la conclusión del reparto de tierras, que nulificó las posibilidades de acceder a la tierra por derecho constitucional. Es decir, el cierre a la repartición de la tierra no sólo fue para los campesinos y sus descendientes varones, también para la mujer campesina; se corto de tajo el proceso de adquisición de una parcela al participar de manera directa en la repartición de un pedazo de tierra, a partir del reconocimiento de sus derechos en la modificación de la Ley Agraria en 1971 (de Luna, 2017).
Las políticas neoliberales de ajuste de 1982 a 1988 se expresaron en el descenso a los subsidios a la agricultura en lo que respecta a fertilizantes, recorte a la investigación científica y desarrollo tecnológico, la liberación de precios de los insumos y control férreo a los precios de los productos agropecuarios. El campo recibió el gran golpe en el sexenio de Carlos Salinas, quien promovió y logró la reforma al artículo 27 Constitucional, con lo cual se permitió colocar a la tierra en el mercado y como cualquier otra mercancía -aunque esta no es producida por el hombrese venda en función de la oferta y la demanda, para lo cual se puso en marcha el Programa de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) iniciado en 1993. Después de un año de su implementación se disponia de un diagnóstico del 92% (25, 144) de los ejidos; de éstos el 59% se incorporó al PROCEDE (Procuraduría Agraría, 2007).
El PROCEDE buscaba una concentración y centralización de la tierra y el proceso que se vive es de una mayor fragmentación. En 1998 las unidades de producción agrícola sumaban 3, 794, 025 (1, 793, 432 eran de autoconsumo, es decir, del campesino donde la mano de obra era meramente familiar conformándolo el 85% (7, 253, 020) de varones y el 15% (1, 286, 363) de mujeres y 1, 664, 555 se dedicaban a la venta con una mano de obra del 91.4% (1, 711, 061) de varones y 8.6% (160, 222) de mujeres ); (INEGI, 1998: 6).
En México a principios del actual siglo existían 2, 761, 572 sujetos de derecho, de estos 22.1% (609, 593 en términos absolutos) son mujeres. La edad promedio de los ejidatarios es de 53 años y el de las ejidatarias de 57; las mujeres presentan una estructura de edad más avanzada, porque 69.7% rebasa los 50 años y 38.1% tiene más de 65 años, mientras que los porcentajes que corresponde a los hombres es de 56.2% y 25.3%.
Los posesionarios y avecindados tienen una edad promedio menor a los ejidatarios. Los posesionarios cuentan con una edad promedio de 45 años y los avecindados de 42 años; en el caso de las mujeres los promedios se incrementan a 47 y a 45 años de edad (INEGI, 2002: 143 y 145). 2
En el 2007 en la agricultura existían 3, 510, 552 familiares de los productores que trabajan en actividades agropecuarias y forestales sin recibir un salario. Del total de familiares que trabajan, 31% son mujeres; por estructura de edad, las mujeres menores de 12 años representan 8%; las de 12 a 18 años 17%, las de 18 a 60 años 71% y aquellas de más de 60 años 3% (INEGI, 2007).
En el 2014, la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA 2014) del INEGI refiere que había 3, 286, 465 unidades de producción agrícola, de los cuales, 13, 820 eran de riego con un promedio de 0.2 hectáreas de tierra y 2, 017, 937 de temporal de hasta 5 hectáreas que estaban destinados al autoconsumo; además 383, 023 unidades de riego de entre 0.2 y 5 hectáreas y 669, 064 de entre 5 y 20 hectáreas los catalogaron en transición; los dedicados al comercio suman 181, 070 de riego de más de 5 hectáreas y 174, 091 de más de 20 hectáreas de temporal. El 84.9% de los productores son varones y el 15.1% mujeres.
Mientras, en el 2016 las Unidades de producción sumaron 4.5 millones. La proporción de productores presentó una leve modificación con 85.5 de varones y 14.5 de mujeres. Como en el 2014, sólo 3 de cada 10 mujeres reciben una retribución por su trabajo en las actividades agropecuarias (INEGI, 2017).
El sector agropecuario muestra además un deterioro en el Producto Interno Bruto (PIB). En 1993 la agricultura, silvicultura y pesca representaban el 5.10% del PIB a precios corrientes, el 3.32% en el 2000, 3.16% en el 2008 y 3.4% en el 2017, claramente vinculado a los procesos de funcionamiento del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), también ha contribuido a que con el paso de los años, la agricultura simplemente profundice aun más su crisis y tengamos una fuerte dependencia con Estados Unidos y Canadá, de donde provienen productos como maíz, frijol, arroz, leche, carne, frutas y hortalizas (Quintana, 2003: 1-2).
La información disponible indica que en bienes de consumo México ha mantenido un crecimiento en sus importaciones. En 1980 realizó adquisiciones al extranjero, principalmente a Estados Unidos por 2, 448.5 mil millones de dólares; la situación se agravó con la apertura comercial en los 90 al ubicarse en más de 9 mil millones de dólares; 47, 940.7 millones de dólares en el 2008 después de la crisis y el último dato disponible del 2014 indica que se ubica en 58, 299.1 millones de dólares (CEFP, 2018).
La situación de deterioro de la práctica agropecuaria de los campesinos lleva a la reproducción precaria de las familias. En la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca es donde históricamente se han registrado el menor número de trabajadores asegurado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) evidenciando que en 1997 del total de trabajadores con prestaciones, sólo el 4.35% eran del sector primario, 3.27% en el 2000; 2.63% en el 2008 y 2.62% en el 2017 (CEFP, 2018: 21).
A ello se suma que la actividad agrícola está condicionada de manera determinante por cuestiones ambientales como “la baja precipitación pluvial, la presencia de heladas, vientos fuertes, tierras marginales para la agricultura por problemas como la erosión, el agotamiento y contaminación del agua y la pérdida de la biodiversidad animal y vegetal”… La condición ecogeográfica limita la productividad de la agricultura de temporal y riego; la escasez de lluvia afecta a la ganadería porque escasea el alimento en los agostaderos y los altos costos de producción de los forrajes bajo condiciones de riego (Morales y Escobar, 2010: 1 y 3).
En lo rural, las mujeres campesinas se enfrentan a las mayores dificultades porque rige lo androcéntrico, es decir, el hombre manda y la mujer obedece aún en contra de sus concepciones espirituales y conyugales, así que son escasas las ideas de igualdad entre hombres y mujeres en este sector de la población (Hernández, 2007: 154).
Sin importar su raza, color, etnia o religión–sin dificultad entrarían poblaciones estudiadas por Wade (2006) siempre que se cubran los criterios de inclusiónrealiza trabajo reproductivo dentro del hogar al producir bienes y servicios sin retribución (Carrasco, 2003), las cuales Rodríguez (2008) clasfica en tres categorías. La primera son las tareas del hogar, consideradas tradicionales como la administración de recursos y consumo familiar, la limpieza de la casa, la preparación de alimentos, transporte, representación y relaciones en el exterior, así como las tareas de reparación y mantenimiento de la vivienda; la segunda se refiere al cuidado de los hijos y otras personas dependientes e incluye la atención a las personas implicadas desde el dar de comer/alimentar, vestir, adquirir ropa, llevar al médico, darles los medicamentos, transporte y acompañamiento a los integrantes más jóvenes de la familia, adultos mayores y discapacitados; y la tercera, es el trabajo emocional con actividades que permiten mejorar el bienestar emocional y proveer ese soporte a otras personas, figuran el brindar apoyo, escuchar atentamente, ayudar en la búsqueda de soluciones a los problemas, expresar empatía, saber hacer ver a los integrantes de la familia que se les aprecia y se siente cariño por ellos.Sin embargo son necesarias algunas precisiones. En los espacios rurales, las mujeres como responsables del consumo familiar cultivan frutos, hortalizas, condimentos y granos básicos, crían, cuidan y sacrifican a los animales; la limpieza de la casa contempla áreas verdes y patios amplios, corrales de ganado. Además la provisión de afecto –aún no medido en este segmento de poblaciónse da mediante la preparación de alimentos; las mujeres proveen de salud con hierbas medicinales en casos que se ameriten. También son representantes sociales de las familias en actividades de beneficio familiar como el Centro de Salud, las escuelas, las iglesias y en reuniones con partidos políticos y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para exigir al gobierno el aprovisionamiento de servicios básicos para la comunidad (de Luna y Cruz, 2018).
En el ámbito privado, su trabajo doméstico no se limita a la administración de los escasos recursos disponibles, la preparación de alimentos, el cuidado de la salud de los integrantes de la familia así como su educación. Debe ingeniárselas para hacerle saber al resto de los integrantes de la familia que los quiere, los aprecia y hacerlos sentir que son valiosos (Rodríguez y Cruz, 2013) (De Luna, 2017).
En el ámbito público, trabaja en su propia parcela y el pastoreo de ganado por el cual no percibe un salario. Dada la situación precaria de la familia campesina, ella implementa una serie de estrategias para allegarse de bienes y servicios consumibles para abastecer el consumo necesario para su reproducción. Es así que recurre a la naturaleza de donde toma flora y fauna (nopalitos tiernos, hierbas medicinales, conejos, liebres, ratas de campo, azafrán de bolita, orégano, ixtle de lechuguilla, candelilla entre un sin fin de productos) para el autoconsumo o para la venta en los tianguis (de Luna, 2009) (de Luna e Ibarra, 2013).
Para allegarse de recursos monetarios, desde el siglo pasado se emplea como jornalera, concentrándose en cultivos competitivos que son destinados al mercado nacional o de exportación (Herrera 1999). Como asalariada su trabajo es precario porque no goza de seguridad social, acceso a equipo de trabajo, prestaciones, es un trabajo de tiempo parcial y de temporadas. También trabaja a domicilio como artesana o se desplaza a las zonas urbanas cercanas para trabajar en las maquiladoras y en el servicio doméstico, a las familias acomodadas que viven en lugares cercanos a su comunidad (Cruz, 2011).
El rasgo esencial de la campesina respecto a las otras mujeres, es su relación con la tierra, sea o no propietaria pero la trabaja para producir granos básicos destinados al autoconsumo, emplea trabajo familiar y recurre a la ayuda ajena sin el propósito de extraer plusvalor o explotación del trabajador, sino para completar las tareas donde la mano de obra familiar es insuficiente. La mujer no accedió totalmente a la tierra, porque lo que impera son los usos y costumbres y no la Ley, porque el artículo 27 Constitucional de 1992, eliminó del texto legal la facultad del trabajador agropecuario (y por ende a la mujer también) de solicitar a las autoridades la asignación de un predio como medio de vida, eliminando toda posibilidad de la mujer de ejercer su derecho de petición de la tierra. Y dado que la tierra se vende como cualquier otra mercancía aunque no sea producida por el hombre, la adquisición de ésta ha quedado sujeta a la oferta y la demanda (de Luna, 2017).
El acceso de la mujer a la tierra no se consolida, porque solo fungen como guardianas de la tierra que un día será para el hijo de mayor edad. Es decir, en muchas regiones del país, por usos y costumbres debe ser el hijo mayor el que tome las riendas del predio ante la falta del jefe de familia; así mismo el hijo menor recibe la tierra porque es el que cuidará de los padres ancianos (Vázquez, 2001) (Reyes, 2006) (de Luna, 2017).
Los lineamientos para la formulación de los programas productivos como de asistencia social para la atención a la mujer y las familias pobres, están plasmados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que otorga garantías a todos los individuos sin importar su sexo, raza, género, etnia, credos y religión; están enmarcados en los Planes Nacionales de Desarrollo. En ellos se ha identificado una relación entre el crecimiento demográfico, las transformaciones en las familia y los roles de la mujer, tomando conciencia de que ésta última es importante para poder incidir directamente en el combate a la pobreza y abatir el rezago económico que enfrenta la familia.
Si bien los esfuerzos de incorporar a las mujeres en las acciones públicas datan de la década de los 70 del siglo pasado, es en el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio del priísta Ernesto Zedillo Ponce de León y el panista Vicente Fox Quezada en los que se plasma que la incorporación de la mujer a vida social, económica, política y de empleo se debe a múltiples factores.
En los setenta, la ampliación de la participación femenina en el empleo estuvo enfocada a mujeres jóvenes, preparadas y soteras que ingresaron al sector moderno de la economía, sobre todo en la administración pública y servicios privados que benefició y contribuyó al desarrollo de la clase media. A partir de los ochenta, el incremento de la participación femenina en el empleo fue de rápida integración de mujeres mayores con escasa escolaridad y con hijos a empleos precarios e informales en el comercio y los servicios, empujado por el descenso de los salarios reales. Con su trabajo, las mujeres aminoraron la pobreza en los hogares de los trabajadores. De la década de los setentas hasta el comienzo del año 2000, el empleo femenino creció al doble, lo cual ha constituido un reto para las instituciones que deben asegurar igualdad en las oportunidades de empleo, salario y prestaciones que afectan no sólo a las trabajadoras sino a las familias de estas (Presidencia de la República, 2001; 25 y 26). 3
Los planes y programas del gobierno federal han considerado a la mujer anteponiendo a la familia, y todo lo que ella haga impactará en esta unidad. Entre los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 está el de promover programas y acciones para asegurar la igualdad de oportunidades de la mujer en educación, capacitación y empleo; así como equidad en el ejercicio de sus derechos sociales, jurídicos, civiles, políticos y reproductivos, respaldo a su papel en la integración familiar, la formación y socialización de sus hijos (Presidencia de la República, 2001; 85).
La atención a la mujer se enmarca en el objetivo 1 del Eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Igualdad de Oportunidades), en el que se establece como prioridad el reducir el número de mexicanos en condición de pobreza a través de políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo (Presidencia de la República, 2007).
La administración priista del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) mantiene el mismo discurso, al señalar en su Plan Nacional de Desarrollo que en su administración considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la realización de acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación (PNP, 2012; 23).
Las diversas acciones del gobierno hacia las mujeres campesinas sean asistencialistas, productivos y de beneficio comunitario son una estrategia del modelo neoliberal para contener la misería del pueblo y no atender las causas es-tructurales del atraso. Se deja claro que se trata de una relación del Estado-Sociedad rural meramente de tipo paliativo, por eso están destinados a impactar meramente en el ámbito del hogar, donde los beneficios se traducen en bienes y servicios de los integrantes de la familia, hombres y mujeres de diversas edades en formación o como mano de obra precaria ocupada en el sector primario, secundario o terciario. Asi sean iniciativas productivas, de valor agregado y comerciales estas no transitan, son simplemente proveedores de ingresos para la alimentación familiar.
a) Programas sociales
La existencia de los programas sociales de corte asistencialistas en México están enfocadas a atender la pobreza, que en términos de Salles y López (2006) es una realidad persistente con conceptuaciones cambiantes en la historia de la humanidad, producto de la desigualdad social e injusta distribución de la riqueza que genera el sistema capitalista.
Es a finales de la década de los ochenta que se da un cambio para atender un problema considerado como añejo sobre la pobreza, por lo que se implementa uno de los Programas más ambiciosos para diezmar este flagelo a través de la implementación del PRONASOL (Programa Nacional de Solidaridad) al inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y desaparecido al terminar su mandato, en medio de una crisis sin precedente comandada por la devaluación del peso. Esta situación incrementó de manera escandalosa el número de pobres al llegar dos años después (1994) a la cifra record de 63 millones, 69% de la población total (Montalvo, 2013).
El PRONASOl surgió como el instrumento social del Estado Neoliberal que privatizó a la economía mexicana, en busca de establecer una nueva relación Estado-Sociedad con el propósito de antender a la población en condiciones de pobreza mayormente rural. Operaba con más de 25 fondos o programas buscando incidir en la producción, el ingreso y el consumo. De ellas destaca CONASUPO comercializadora de granos básicos. En el rubro productivo destaca BANRUR AL para financiamiento crediticio de los productores con solvencia; también en el mismo rubro el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad y de los Fondos Regionales de Solidaridad (FONAES) para proyectos rentables; se incluyeron las becas de niños en solidaridad y en dotación de infraestrtuctura (Cortez, Landázuri y Moreno, 1993: 155-156).
La desaparición del Programa Solidaridad implicó el surgimiento del Programa Progresa (Programa de Educación, Salud y Alimentación) con Ernesto Cedillo Ponce de León en 1997. La distinción de este programa con respecto al anterior era que sus beneficiarios eran solamente habitantes de comunidades rurales.
Al final del sexenio había 52.7 millones de personas sin acceso a alimentos, vestido, educación o salud (15 puntos porcentuales menos que en 1996. El programa siguió dos años más bajo el mandato presidencial de Vicente Fox hasta sustituirlo en 2002 por el Programa Oportunidades que incluía zonas urbanas también. Bajo estas condiciones al final de su mandato, la pobreza alcanzó la cifra más baja al mostrar 45 millones en esa condición, es decir 42% de la población total (Montalvo, 2013; 4). El Programa Oportunidades siguió manejándose con Felipe Calderón Hinojosa pero a pesar del esfuerzo el flagelo de la pobreza siguió incrementándose. Aun y con ello, este Programa se ha mantenido hasta la actualidad con Enrique Peña Nieto, complementándose con la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Este programa aparece tras una crisis económica, cuyos efectos son más resentidos por la población de bajos ingresos. Operado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el programa asume como jefas de familia a las mujeres y son ellas quienes se encargan de la administración de las transferencias monetarias que realiza el gobierno para tres vertientes: nutrición, salud y educación (Ávila y Gabarrot, 2009; 67-82).
En la vertiente de educación, el programa transfiere recursos en efectivo, para adquisición de útiles escolares; es directamente a la madre de familia que tenga algún hijo cursando desde tercero de primaria hasta tercero de secundaria. El apoyo no exige obtener buenas notas en la escuela, sólo asistir. Los jóvenes que cursan nivel medio superior reciben directamente las transferencias mediante un sistema de ahorro para los becarios, en el cual se les abre una cuenta bancaria. El monto de las becas varía; se incrementa conforme avanza el nivel escolar. El programa tiene una marcada preferencia para apoyar la educación de las mujeres.
En salud, el programa trata de mejorar la salud de los participantes, prevenir enfermedades a través de consultas o exámenes de rutina y capacitarlos mediante una serie de pláticas sobre nutrición, higiene, salud preventiva y reproductiva. El programa se enfoca a las mujeres y a los niños menores de 5 años, beneficiándolos con cuidados pre y postnatales, inmunizaciones y detección oportuna del cáncer cervicouterino. El resto de los miembros de las familias beneficiadas es sometido a control y exámenes para prevenir, tratar o controlar la obesidad, tuberculosis, diabetes e hipertensión.
En la vertiente de alimentación, las familias reciben una transferencia monetaria que utilizan para comprar alimentos; aunado a esto, el programa suministra suplementos nutricionales a los niños, mujeres embarazadas y, en periodo de lactancia, monitorea el peso y la estatura de los niños para prevenir anemia o desnutrición. Los niños de entre 2 y 6 años participantes en el programa aumentaron su estatura 0.67 centímetros y tienen una menor incidencia de anemia infantil (SEDESOL, 2010).
También está el Programa 70 y Más (ampliado actualmente de 65 y más) que atiende a los adultos mayores que vivan en localidades de hasta 30 mil habitantes. Los beneficiarios reciben apoyos económicos de 500 pesos mensuales, que se paga cada dos meses; participan en grupos de crecimiento, clubes y jornadas informativas sobre temas de salud y obtienen facilidades para el acceso a servicios y apoyos de instituciones como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), además de las que ofrecen actividades productivas y ocupacionales. Así pues, este Programa tiene el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida que enfrentan los adultos mayores (SEDESOL, 2010 y Montalvo, 2013).
Por su parte, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) -ponemos el ejemplo del estado de Zacatecas a través del Programa de Asistencia Social Alimentaría a Sujetos Vulnerables y Familias en Desamparo (PASASV/ PASAF), provee a la población beneficiaria de insumos alimenticios (entrega de despensas) que coadyuven a la economía familiar y que faciliten el desarrollo de acciones encaminadas a mejorar el bienestar de la familia. Asimismo, propiciar las acciones de orientación alimentaría a familias, encaminadas a identificar y utilizar los recursos alimentarios que estén a su alcance, así como adquirir conocimientos sobre alimentación, nutrición e higiene que les permitan encontrar alternativas para mejorar sus condiciones de vida. Apoyar el gasto familiar de la población con mayor índice de marginación y mejorar las condiciones de alimentación y nutrición familiar. Propiciar las acciones de fomento a la producción de alimentos para el autoconsumo, con la integración y participación de las comunidades a fin de lograr la autosuficiencia de sus propios productos. Y marcar una línea de trabajo, que por medio de acciones conjuntas, eleve la práctica alimentaría a niveles de calidad más altos, en beneficio de la sociedad en general, en el fomento a la higiene y salud (DIF, 2007a).
La atención está centrada a grupos vulnerables, esto es, las mujeres en periodo de lactancia y/o embarazo en extrema pobreza, adultos mayores en desamparo, y personas con alguna discapacidad y/o en desamparo. El apoyo alimentario es otorgado a cambio de una aportación económica por parte del beneficiario, la cual se denomina cuota de recuperación y cuyo objetivo es fortalecer a los programas que le dan origen (DIF, 2007b).
b) programas para generación de autoempleo
Entre los programas de alcance nacional enfocados a la mujer, para que acceda a recursos productivos para trabajar y generar un ingreso propio se remontan a la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer (UAIM) para mujeres familiares de ejidatarios mayores de 16 años que no sean ejidatarias una unidad de dotación, dotándoles de una pequeña superficie para integrarlas a la vida económica y social del campo. Producto de este mismo programa, se formaron sociedades cooperativas para transformar el maíz en masa y de las cuales aún existen 8, 609 certificadas (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 8 de marzo del 2018) sociedades a nivel nacional y han diversificado sus actividades. Ahora participan en programas de cuidado del ambiente con el uso de estufas ecológicas, cosméticos, medicinas orgánicas (CONAFOR, 13 de marzo del 2018).
También se encuentra el Programa Mujeres en el Desarrollo Rural de la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la SAGARPA, enfocado a mujeres interesadas en sacar adelante proyectos productivos.
“Mujeres en el Desarrollo Rural” (MDR) inició como una iniciativa y estrategia transversal, no como un programa, para aplicarse en todos las acciones que se propuso impulsar la Subsecretaría de Desarrollo Rural en la SAGARPA. Los principales objetivos de MDR fueron: a) La promoción y revalorización del rol de las mujeres rurales como productoras de alimentos y generadora de ingresos para la subsistencia de sus familias y su reproducción como base de la economía campesina y b) el desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género, como una política transversal en todas las áreas y programas de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, con el fin de que las mujeres lograran el acceso a los diferentes apoyos de capacitación, asistencia técnica, equipamiento rural, estudios de mercado, otros. (Nuria, 2001:11).
Otro programa es La Mujer Campesina en el Sector Agrario, dentro del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), que financia proyectos viables solicitados por mujeres organizadas, en este caso se requiere que las mujeres existan formalmente como colectivo, bajo alguna figura jurídica, pues el apoyo se otorga al colectivo y no en lo individual.
“Los Programas de Financiamiento para el Desarrollo Agrario, Mujeres Indígenas Campesinas (MIC) y Jóvenes Campesinos (JC) se implementan a raíz de la experiencia adquirida por el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) en la operación del Programa de la Mujer Campesina, que fuera ejecutado durante los años de 1995 a 2000 por un Contrato de Mandato que le confirió la Secretaría de la Reforma Agraria (SR A) a esta institución” (FINFONAFE, 2011).
Por su parte la Sedesol a través del Programa Opciones Productivas4 apoya, con créditos que oscilan entre 25 mil y 300 mil pesos, para talleres de costura, mercería, restaurantes, abarrotes, lechería, quesería, criaderos de becerro, elaboración de productos de limpieza, cybers, papelería, salones de belleza. Si bien los recursos están destinados a la adquisición de instrumentos para la producción, así como la construcción de locales, también se apoya la comercialización de la producción cuando se agrega valor. Estos recursos capitalizables a 7 años que generan empleos, son aportados en 90% por la Sedesol y 10% las beneficiarias; cuando hay participación de hombres y mujeres las aportaciones se componen de 80% la Sedesol y 20% los beneficiarios, que deben ser de localidades de alta y muy alta marginación.
Por su monto y el número de beneficiarias, destacan entre los programas públicos federales el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) que se constituye para establecer un mecanismo de microfinanciamiento que permita proporcionar microcréditos accesibles y oportunos a las mujeres del medio rural que carecen de acceso a estos servicios. Dicho mecanismo tiene la finalidad de impulsar el autoempleo y las actividades productivas, así como la adquisición de habilidades empresariales básicas y de una práctica de ahorro, entre las mujeres de escasos recursos del medio rural que entre 2009 y 2010 reportó un crecimiento negativo de -8.6% de monto autorizado, que empeoró con el monto ejercido (FOMMUR, 2010); en tanto el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) tiene como misión impulsar con enfoque de género, la creación de micronegocios y el aumento de su productividad, mediante servicios de microfinanzas con mejores condiciones con la intermediación de instituciones de microfinanzas y organizaciones de capacitadoras e incubadoras de la Secretaría de Economía mexicana, reportó un crecimiento positivo de 20.6% el monto de recursos autorizados para el mismo periodo, aunque en el monto ejercido solo mejoró 5.86% y el Fondo Nacional de Apoyos a Empresas en Solidaridad (FONAES) que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, cuyo propósito es apoyar los esfuerzos organizados de productores indígenas, campesinos y grupos populares-urbanos, para impulsar proyectos productivos y empresas sociales que generen empleos e ingresos para la población, lo cual permite mejorar sus condiciones de vida y propicia el arraigo en sus comunidades de origen, através de los apoyos que otorga dicha institución, mostró signos positivos de mejora en los recursos autorizados y ejercidos. Estos tres programas benefician principalmente a mujeres con diferentes montos, para proyectos productivos de diferente giro con créditos desde 5 mil pesos por beneficiaria (ver detalles en el Cuadro 1).
Cuadro 1. México: Acceso a recursos para la competitividad de la mujer rural 2009 - 2015
Fuente: Elaboración propia con datos de Indicadores y la Igualdad de Género de la Secretaria de Economía Enero-Diciembre 2009 y 2010, 57p disponible en www.economia.gob.mx/swb/work/models/economia/Resource/29/1/images/ITEQG4_10. pdf consultado el 07/04/2011; Sexto Informe de Labores De la Secretaria de Economía (2011); 1er Informe de Labores de la Secretaría de Economía 2012-2013; Tercer informe de Labores 2014-2015.
La promoción de la competitividad y el impulso al desarrollo rural son ínfimas si se considera que la sociedad campesina como unidades de producción supera los 4 millones, dejando claro que las acciones gubernamentales marginan a amplios sectores de la población rural del que se nutren en los procesos electoreros.
Las acciones gubernamentales con propósitos de integrar a la Mujer al Desarrollo con eficacia, antipobreza y bienestar se han traducido en que las mujeres transforman productos de la naturaleza, leche en queso, conservas, moles, salsas, artesanías, café entre otros cuyos ingresos permiten la alimentación de la familia (Rodríguez y Cruz, 2013) (Acuña, 2017).
Otras experiencias arrojan que los varones suelen no asistir a las convocatorias de programas gubernamentales vinculadas a la agregación de valor de los productos primarios por considerarlos propios a las funciones de la mujer. Los varones muestran un mayor interés en los programas que están dirigidas a la producción y crianza de ganado, frijol, maíz, ajo, jitomate, chile, es decir, donde se emplea la fuerza (Ovalle, 2018).
Además la aceptación de operar con los programas están asociados a las difucultades de las familias campesinas de obtener un empleo fijo, de las dificultades económicas, de comercializar sus productos. En suma de su condición de pobreza, marginación y su necesidad de alejarse de esa condición (Guzmán y León, 2005) (de Luna, 2017).
c) programas para beneficio de la comunidad
Finalmente están los programas en los cuales se programan las obras de infraestructura social -y que por el espacio no ahondaremos, como caminos, pavimentaciones de calles, guarniciones y banquetas, agua potable, electricidad, mejoramiento de escuelas y centros de salud.
La dotación del servicio básico de agua en los espacios rurales campesinos inició en 1983 con la reforma al artículo 115 constitucional, que delegó al municipio la responsabilidad de proveer de servicios básicos a la población como inicio del proceso de descentralización en la construcción, operación, administración y mantenimiento de los sistemas concurrieendo el respaldo financiero, técnico y de gestión en instancias estatales y federales. No obstante las crisis económicas recurrentes, específicamente la de 1994, impidieron focalizar la atención a la zonas rurales, al grado de crear la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) cuya misión fue dirigir acciones contra la pobreza y la responsabilidad la mantuvo el gobierno federal en cuanto a la dotación de servicios a la zona rural, que en los 90 la población sumaba 24.2 millones de habitantes, en el que solo 61% disponia de agua potable y 29.5% con cobertura de alcantarillado, constituyendo factores negativos para la población incrementando el riesgo de brote de cólera que en 1995 se reportaron 16, 430 casos (Jiménez, 2010: 2).
A pesar de las acciones gubernamentales, el crecimiento poblacional permanente que a la fecha suman más de 120 millones, dificulta la dotación de servicios a cargo del Estado. En el 2018 uno de cada 5 hogares carecía de agua en un entorno donde 28 de cada 100 hogares son encabezadas por mujeres; donde 24.9 millones de entre 3 y 30 años no asisten a la escuela (equivalente al 41.7% del total de este segmento poblacional) por falta de dinero, tiene que trabajar o ya logró su meta en la vida o se casó (INEGI, 2018).
El acceso a los servicios básicos y de infraestructura en la zona rural se ha logrado por presiones de las mujeres y hombres que suelen adherirse a organizaciones sociales como Antorcha Campesina, a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA) entre otros que agrupan entre 50 mil y más de 2 millones de mexicanos, en su mayoría mujeres que han logrado colocar sus necesidades de disposición de agua para sus actividades del hogar, en las demandas principales de las organizaciones ante el gobierno federal.
Muchas veces las obras de infraestructura se concretan por la aportación que realizan los migrantes, para mejorar las condiciones de vida de la población de sus lugares de origen. El monto de los recursos está en función del tipo y tamaño de obra. Dichas obras tienen que ver con pavimentación de calles y banquetas entre otros (Castillo, 2018).
Las acciones gubernamentales de México conocidas como políticas públicas que impactan a la vida económica y social de las campesinas, son una relación del Estado con este segmento de población para paliar la precariedad de la sociedad campesina. El gobierno al encontrarse en una situación privilegiada determina las reglas y los límites de los programas, que han dado como resultado la transferencia de recursos del gobierno a las familias para paliar la alimentación, educación, salud, emprendimientos e infraestructura básica para la formación de la mano de obra precaria, que tiene como finalidad última presionar el mercado laboral, particularmente los salarios y las prestaciones con tendencia a la baja en el caso del pago por jornal y la desaparición de las prestaciones laborales en términos de la Organización Interncional del Trabajo (OIT) de acceder a un trabajo decente.
La formación de la mano de obra sienta sus bases en los emprendimientos changarreros y en la presión social política que pueden ejercer los hombres y las mujeres campesinas aglutinadas en diversas organizaciones no gubernamentales, pero si partidistas para colocar demándas elementales como la disponibilidad de agua como prioridad.
Ninguno de los programas está diseñado para atacar la pobreza, mejorar las condiciones de v ida de la población o acceder a niveles salariales decorosos. Estos programas en todo caso, están enfocados a contener a la población, es decir, darles recursos para alimentación, un empleo propio, algo de infraestructura para evitar brotes de inconformidad, pero sin atacar el problema de fondo.
Además de que el acceso a los recursos no es automático, las mujeres deben establecer un v ínculo con una organización social o política para gestionarlos y para lo cual deben pasar por un calvario.
Los programas sociales están destinados directamente a la esfera reproductiva, esto es, para la reposición y re producción de los campesinos como clase trabajadora. Los programas de tipo productivo porque contribuyen a la generación de una ocupación que genere ingresos, tiene dos significados: es para el ámbito reproductivo o doméstico, y segundo, el campesinado mantiene relaciones con el capital porque todo lo que produce va a dar al mercado capitalista, contribuyendo así al abaratamiento de los productos porque el campesinado produce caro y vende barato. En este caso asume un carácter subsidiario porque su existencia no se da al margen del capital, es un modo de producción no capitalista que existe dentro del sistema capitalista y éste le es útil por las razones ya mencionadas.
Los programas de dotación de infraestructura propician condiciones para la adecuada reproducción y producción del campesinado como mano de obra barata. En suma todos los programas están enfocados a que el campesinado como fuerza de trabajo, que no tiene cabida en la actual estructura productiva, se reponga y se reproduzca, que tenga linaje precario que permita la reproducción del sistema económico al más bajo costo.
Notas al pie
1 Lourdes Arizpe destaca que " de la invisibilidad asignada a las mujeres en la historia, quizá las más invisibles de entre las invisibles han sido las campesinas…. de las marginadas, las más marginadas" lo cual encontramos en María del Rosario Ayala. En tanto, Andrée Michel, se refiere que la mujer campesina es de las más desnutridas y más desesperadas que un pobre ubicado en los peldaños más bajos de la escala social de un país subdesarrollado. Ellas representan la parte más marginal de la población (Pp.83). Mientras que Verónica Vázquez, así como en su respectiva obra, Ema Zapata junto con Martha Mercado deducen que la atención del gobierno a las mujeres rurales está relacionado el desgaste del gobierno de Luis Echeverría que quería reivindicar su papel como líder del Tercer Mundo después de la masacre de Tlatelolco, y que mejor momento que aprovechar la Declaración en 1975 del año internacional de la mujer por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) resultado de la Primera Conferencia de la Mujer, del que México fue sede.
2 Ejidatario es el campesino titular de derechos agrarios que participa de los bienes ejidales dotados a un núcleo de población. Puede ser adjudicatario de una parcela individual, si las tierras del ejido han sido parceladas y de derechos proporcionales sobre las tierras de uso común, de acuerdo con la determinación de la asamblea.
3 La apreciación sobre la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado, también lo encontramos en el Poder Ejecutivo Federal, "Armonizar el crecimiento y la distribución territorial de la población". Asimismo recurrimos al Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), México, D. F., 1995, Pp. 29, 31 y 32. En este Plan Nacional de Desarrollo del sexenio de Ernesto Zedillo se destaca: "Para sortear la crisis económica de los años ochenta, los hogares respondieron con una creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, lo que en muchos casos significo para ellas una doble carga, la laboral y la doméstica.
4 Opciones Productivas es un programa de la SEDESOL (2013) que apoya proyectos productivos de la población que vive en condiciones de pobreza, incorporando en ellos el desarrollo de capacidades humanas y técnicas como elementos para promover su sustentabilidad económica y ambiental.
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