BARRERAS INSTITUCIONAL ES PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN COLOMBIA

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DOI del artículo: https://doi.org/10.26620/uniminuto.inclusion.3.2.2016.93-95

Introducción

El fomento a las políticas de inclusión educativa ha sido una respuesta institucional a las múltiples manifestaciones de la exclusión, la cual ha tenido una historia de varios siglos en Colombia. “Quien no conoce la historia está condenado a repetirla”, reza un sabio adagio popular; por lo tanto, conocer las facetas de la historia de exclusión educativa en nuestro país, si bien no resuelve por sí mismo situaciones presentes de exclusión, sí permite comprender las complejas relaciones entre distintas variables que, entrelazándose, han configurado la situación hoy. Este ensayo busca describir y analizar hechos de la vida real que evidencian una tradición de exclusión educativa por causas de religión, situación económica, clase social, sexo, orientación sexual, origen étnico y aptitudes.

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EXCLUSIÓN POR RELIGIÓN

La relación entre religión, educación y política ha sido tradicionalmente estrecha en Colombia. Ramírez y Téllez (2006) sostienen que durante la mayor parte del siglo XIX la educación en Colombia se vio afectada por los constantes conflictos entre los partidos políticos y por la relación de estos con la iglesia católica. A partir de la Constitución de Rionegro de 1863, de inspiración liberal, en 1870, por medio del Decreto Federal Orgánico de la Instrucción Pública, se ordenó que la educación primaria pública fuese gratuita, obligatoria y laica. Sin embargo, con la expedición de la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887 (Jaramillo, s. f.) entre la Iglesia y el Estado, el conflicto entre estos dos actores, que tuvo momentos críticos durante el siglo XIX, mermó. La Constitución de 1886 estableció que “la Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación; los Poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social” (Artículo 38), aunque precisó que “nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido por las autoridades a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su conciencia” (Artículo 39); permitió además “(...) el ejercicio de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes” (Artículo 40) y equiparó la moral cristiana al orden público al puntualizar que “los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público, que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho común” (Artículo 40, Párr. 2); finalmente, ordenó que “la educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica” (Artículo 41) y que “(...) la instrucción primaria [será] costeada con fondos públicos, gratuita y no obligatoria”, con lo cual se exoneró al Estado de su deber de fomentar la educación y a la población del derecho a superar el índice de analfabetismo superior al 66 %

Desde 1886 la orientación de la Iglesia sobre la educación se mantuvo intacta hasta la proclamación de la Constitución de 1991 y aunque se suprimió el Concordato con el Vaticano, la influencia de la Iglesia sobre la educación, y en otros asuntos importantes de la vida nacional, se ha reducido muy poco.

Los efectos de la Constitución de 1886 y del influjo de la religión católica sobre la educación pública y privada en Colombia tuvieron manifestaciones categóricas, como lo ilustra González (2015):

La clericalización de los espacios educativos implicó una ruptura con el modelo educativo precedente. El Decreto 544 del 14 de junio de 1888 implementó la enseñanza obligatoria de los dogmas de la religión católica en todas las instituciones, públicas y privadas, de educación básica, normalistas, de artes y oficios y superiores; de hecho, para ingresar a la Facultad de Ciencias Matemáticas, de Derecho o de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional era un requisito indispensable aprobar un curso de religión. Sumado a esto se reglamentaba que en las escuelas los niños y niñas menores de catorce años tenían que confesarse tres veces en el año, y en cada jornada, al empezar y terminar, se debían cantar los himnos y rezar las oraciones que el director previamente había asignado (p. 250).

La posición dominante de la Iglesia sobre la educación afectó el derecho a acceder a ella de aquellos ciudadanos del común que, o no eran católicos o no practicaban los ritos católicos. Durante los ciento cinco años de vigencia de la Constitución de 1886 (hasta 1991), con alguna frecuencia, las personas concebidas por fuera del matrimonio católico –denominadas peyorativamente “hijos naturales”– fueron excluidas del derecho a la educación, negándoseles el cupo en escuelas públicas y privadas. En las escuelas públicas era obligatorio para todos los estudiantes y los profesores acreditar la pertenencia activa a la Iglesia Católica, el ejercicio de los sacramentos y la asistencia a todos los oficios religiosos que se programaran, los cuales prevalecían sobre la programación académica cotidiana

EXCLUSIÓN POR SITUACIÓN ECONÓMICA Y CLASE SOCIAL

La educación ha sido tradicionalmente segmentada por clases sociales. Una constante en los últimos quinientos años en la educación ha sido la presencia de la Iglesia Católica; esta en la conquista creó y regentó escuelas indígenas rudimentarias, denominadas de primeras letras, orientadas a difundir el idioma, a catequizar y a ganar almas para la religión católica. Simultáneamente diversas comunidades religiosas crearon durante la época de la Colonia instituciones de educación superior para personas de clase alta. Los Dominicos crearon la Universidad Santo Tomás en 1580, inspirada en el pensamiento humanista y cristiano de Santo Tomás de Aquino; la Compañía de Jesús fundó el Colegio Mayor de San Bartolomé en 1604 y los Franciscanos crearon la Universidad del Rosario en 1653. En el siglo XVIII se crearon escuelas técnicas y de oficios para sectores medios de la población. Ya en la República, en 1867 se crea la Universidad Nacional, aunque excluyendo de su ingreso a las mujeres. En el resto del siglo XIX y en el siglo XX y XXI se democratiza hasta cierto punto el acceso a la educación superior.

EXCLUSIÓN POR SEXO

La exclusión en el siglo XIX obró en contra de las mujeres, contrastando con lo que ocurría en Europa. Sin embargo, hubo voces que, adelantándose dos siglos a la demanda de una educación basada en la ciencia, criticaron el tipo de universidades que había a principios del siglo XIX en la Nueva Granada y dejaron constancia de su protesta. Al respecto González (2015) afirma:La realidad del proceso educativo para las mujeres colombianas difiere de otros contextos como el europeo. Sin embargo, en el país ciertos ilustrados influenciaron la formulación de una forma renovada de educación acorde con los principios de la civilización europea del siglo XIX. Uno de los casos más conocidos es el de José Celestino Mutis, quien en más de una ocasión denunció el estado de la educación en la Nueva Granada, “inculpando a las órdenes religiosas por impedir el desarrollo de una verdadera universidad” (p. 246).

En Colombia la exclusión al derecho a la educación superior de las mujeres, estuvo presente a lo largo de la historia nacional. María Imelda Ramírez, según un artículo de El Tiempo (2010, “La primera mujer...”) narra que, en 1934, Jorge Eliécer Gaitán presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para que las mujeres pudieran ingresar a la universidad en igualdad de condiciones que los hombres. Gracias a ello, la primera mujer ingresó a principios de 1935 a la Universidad Nacional a la carrera de Medicina, lo que suscitó gran controversia como todo lo relacionado con los derechos de las mujeres que, en ese momento, aún tendrían que esperar hasta finales de 1957 para ser reconocidas como ciudadanas. La primera cédula de ciudadanía de una mujer se expidió en Colombia el 1° de diciembre de 1957.

EXCLUSIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL

Mientras para disciplinas como la psicología todo ser humano, independientemente de su sexo, tiene naturalmente una orientación sexual –heterosexual u homosexual, según sus preferencias–, la iglesia católica ha considerado legítimo únicamente la orientación y la conducta heterosexual en el marco del matrimonio y con fines de reproducción. Esta y otras religiones consideran que la conducta homosexual va contra la naturaleza, ofende a Dios, es un pecado y debe ser sancionada severamente. Como consecuencia, muchas instituciones educativas consideran lícito discriminar a las personas con conductas que evidencien, insinúen o hagan presumir una orientación homosexual. Las sanciones han variado desde (a) el llamado de atención en privado y público, (b) la remisión al psicólogo para tratar terapéuticamente esta “patología” a fin de que la persona desista de su conducta, (c) la burla, (d) el desprecio, (e) la incitación a la violencia física que ocasionalmente degenera en la muerte o el suicidio de la persona señalada, y (f) la expulsión de la institución. Es famoso el caso reciente de suicidio en Bogotá del estudiante Sergio Urrego, quien en su colegio fue censurado y estigmatizado por ser gay. En estos casos se contraviene la prohibición a la discriminación por orientación sexual establecida en la Constitución de 1991, en la Ley General de Educación (1994) y en los proyectos educativos institucionales.

EXCLUSIÓN POR RAZA

Hablar de discriminación racial en Colombia y, en particular, en las escuelas colombianas es un lugar común. Los indígenas y los afrocolombianos son quizás quienes más han padecido esta exclusión. La abolición de la esclavitud en Colombia tuvo lugar en 1852, en el gobierno de José Hilario López, cuarenta y tres años después de la independencia de España (Romero, 2014).

Respecto de la exclusión en la escuela y de sus efectos, Viáfara y Serna (2015) investigaron la desigualdad de oportunidades educativas en una población de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad en Brasil y en Colombia, según autoclasificación étnico-racial. Utilizaron una muestra de análisis final de 13 016 individuos, de los cuales el 54 % estaba entre los 20 y los 24 años y el 46 % restante entre los 25 y los 29.

En lo concerniente a Colombia, esta investigación encontró que el efecto de ser afrocolombiano hace menos probable alcanzar un nivel educativo más alto. Las grandes brechas étnico-raciales en la educación no se producen únicamente porque la población afrodescendiente tenga orígenes sociales más empobrecidos, como usualmente suele ser explicado. Al respecto se corrobora:

“Un círculo vicioso de desventajas acumulativas para los afrodescendientes (...) que restringen las posibilidades de alcanzar altos niveles de educación (...); el efecto neto de la condición étnico-racial es significativo, incluso después de controlar [otras variables como] la educación de los padres, la condición migratoria y el sexo (p. 169).

El proceso de desventajas acumulativas opera como desigualdad de oportunidades y consiste en que para la población afrodescendiente, sumado al impedimento inicial de ser más pobres, los jóvenes van encontrando en el curso de vida barreras adicionales que restringen sus posibilidades de alcanzar altos niveles de educación. Asimismo, a igual estatus socioeconómico familiar, para los jóvenes afrodescendientes es menos probable alcanzar logros educativos más altos

(...) los jóvenes que hacen grandes esfuerzos y logran superar todas esas barreras, encuentran barreras adicionales basadas en la discriminación en el sistema educativo y en el mercado de trabajo que hace muy difícil romper el círculo vicioso para ellos y sus familias (p. 170)

Para estos autores, en Colombia no ha existido un debate razonable en torno a la conveniencia de aplicar políticas especiales o acciones afirmativas, especialmente en la educación superior.

A lo anterior se suma la falta de voluntad política del Estado colombiano que, en parte, descansa en la poca incidencia y debilidad del Movimiento Social Afrocolombiano. Estos factores indudablemente han [ignorado] la necesidad de aplicar políticas de inclusión basadas en la condición étnico-racial en Colombia (...). Las políticas de inclusión en la educación se restringen al Programa de Créditos Educativos para Comunidades Afrocolombianas, creado en 1996 y que otorga créditos a estudiantes afrocolombianos para cursar estudios de pregrado y posgrado en instituciones de educación superior. También a la iniciativa propia de 26 universidades públicas y privadas que tienen programas de admisión diferenciada para afrocolombianos (p. 170).

Para Viafra y Serna (2015) los resultados de esos programas han sido inconsistentes “(...) debido al bajo índice de absorción y recursos insuficientes del programa de créditos, y a los bajos cupos, y programas de apoyo y nivelación académica provisto por las universidades” (Castro, Urrea y Viáfara, citados por Viáfara, 2009, p. 170).

No obstante, la exclusión en la educación por motivos raciales es más amplia; hay instituciones educativas públicas y privadas, incluyendo algunas de carácter militar y religioso, que restringen tácitamente el ingreso a algunos estudiantes, principalmente por ser afrocolombianos o indígenas.

EXCLUSIÓN POR APTITUDES

Hace décadas era generalizado en las escuelas el prejuicio de que el estudiante con la aptitud de dominancia corporal izquierda –zurdo– debían corregir ese “defecto” hasta extinguirlo de su conducta, mediante castigos como atar con una cuerda la mano izquierda a fin de forzarlo a utilizar la mano derecha para escribir, saludar, entregar una tarea al profesor, señalar un objeto, etc. Esto dio lugar a problemas emocionales en lo que se denominó como “zurdos contrariados”. Homologándolo con algunas ideas religiosas, dicho prejuicio se apoyaba en la creencia de que el lado derecho estaba asociado a lo bueno (ángeles, arcángeles, santos, etc.), mientras que lo ubicado a la izquierda era malo, siniestro, demoníaco, perverso, pecaminoso, etc.). Quienes así pensaban y obraban quizás desconocían que es tan natural ser zurdo como ser diestro. Solamente a partir de discusiones fundamentadas, con evidencias científicas,pudo superarse en las escuelas la práctica de contrariar la orientación corporal de los estudiantes zurdos

MEZCLA DE EXCLUSIONES

Un tipo de exclusión puede reforzar negativamente otro y generar círculos viciosos de nuevas exclusiones. Un ejemplo es que la manifestación extrema de exclusión al derecho a la educación que es ser analfabeta, era, a su vez, condición para excluir a la persona del derecho al voto en casi todos los comicios electorales desde la declaratoria de independencia hasta el año 1936. Según la base de datos Oxford Latin American Economic History –OXLAD (citada por Ramírez y Téllez, 2006), la tasa de analfabetismo como porcentaje de la población adulta en Colombia, era del 66 % en el año 1900. En el diario El Tiempo (“La historia del voto...”, 2010) se describen las restricciones para votar, a lo largo de más de cien años, respecto a variables como nivel educativo, ingresos económicos, derechos políticos y sexo:

• En los años 1815 y 1821 se excluyeron del derecho al voto a los analfabetas, los esclavos, las mujeres y los pobres.

• La Constitución de 1853 –tras muchos enfrentamientos durante el siglo XIX entre quienes defendían el derecho al voto de todos y quienes decían que debía ser exclusivo de los ricos y de los que sabían leer y escribir– amplió el sufragio a hombres de más de veintiún años de edad y a los descendientes de los esclavos. Lo anterior es confirmado por Bushnell (2005), quien sostenía que para 1853 “(...) la cantidad de varones adultos con derecho al sufragio puede estimarse (de manera muy burda) alrededor del 10 %” (párr. 3).

• partir de 1886 se ratificó la exclusión del derecho al voto a los analfabetas, a menos que tuvieran propiedades o altos ingresos.

• La reforma constitucional de 1910 mantuvo el esquema de que solo podían votar para elegir presidente quienes supieran leer y escribir, tuvieran una renta anual de 300 pesos o propiedad raíz de 1000 pesos.

• En 1936 se otorgó finalmente el derecho al voto a todos los hombres adultos, es decir a los mayores de veintiún años; el analfabetismo ya no era causal de pérdida de derechos políticos.

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Conclusiónes

La exclusión ha sido una constante en la historia de la educación en Colombia. Los grupos más excluidos han sido las mujeres, los pobres, los indígenas, los afrocolombianos y los homosexuales. Los partidos políticos tradicionales, la Iglesia y la misma escuela, han contribuido a esta exclusión. A menudo se mezclan distintos tipos de exclusión generando círculos viciosos de nuevas exclusiones. Finalmente, una forma de avanzar en el camino hacia la inclusión educativa es conocer las causas de la exclusión que se ha vivido

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Referencias Bibliográficas

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La historia del voto en Colombia, un derecho que no fue fácil de lograr.(29 de mayo de 2010).El Tiempo (Archivo).Recuperado en noviembre 3 de 2016, de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7730914

La primera mujer entra a la universidad.(8 de marzo de 2010).El Tiempo (Archivo).Recuperado en noviembre 3 de 2016, de http://noticias.universia.net.co/vida-universitaria/noticia/2010/03/08/258244/mujer-historia-educacion-superior-colombia.html

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Vittara, C. y Serna, N. (2015). Desigualdad de oportunidades educativas en una población de 15 a 29 años en Brasil y en Colombia, según autoclasificación étnico-racial.Sociedad y Economía,29, 151–174.

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Derechos

Artículo de investigación / Research Article / Artigo de pesquisa

Conflicto de intereses: Los autores han declarado que no existen intereses en competencia